CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay terrenos que valen por sus metros. Otros, por los votos que despiertan. En Guadalupe, un lote de 285 metros cuadrados volvió a la conversación pública medio siglo después de su origen, justo cuando la sucesión municipal comenzó a moverse bajo la tierra.
Las excavadoras llegaron al predio. La política ya estaba ahí desde mucho antes.
Nadie debería sorprenderse. Las guerras electorales rara vez empiezan con discursos; empiezan con expedientes. Un decreto que alguien había olvidado sale a relucir, junto con una escritura rescatada del archivo y, más tarde, un sello de clausura en la puerta.
Eso explica por qué el conflicto de Privada Las Águilas trasciende una disputa patrimonial. Lo que está en juego va más allá de la legalidad de un terreno: es el control del municipio más codiciado de Morena después de la capital.
Guadalupe será el gran campo de batalla de la elección local, y todos los movimientos de este verano apuntan en la misma dirección: impedir el regreso del priista Roberto Luévano Ruiz.
Los documentos cuentan una historia menos estridente que los discursos. En 1975, el Ayuntamiento adquirió a Francisco Torres Reyes un terreno para construir la vialidad Arroyo de la Plata. La operación nunca quedó inscrita correctamente en el Registro Público y dejó una deuda administrativa que sobrevivió durante más de 30 años.
En 2008, el Congreso autorizó compensar esa pérdida con un predio específico en Privada Las Águilas: lote, manzana, superficie y avalúo quedaron establecidos desde entonces. El terreno llevaba ahí, identificado, desde mucho antes de que Luévano llegara a la alcaldía. No apareció de la nada ni se descubrió después.
Ahí termina una verdad. La otra comienza en 2012.
Roberto Luévano era diputado local cuando la Comisión Primera de Hacienda modificó el mecanismo jurídico: la permuta se convirtió en donación pura y simple. Su firma aparece en el dictamen como secretario de la comisión. Tres años después, ya como presidente municipal, su administración protocolizó esa misma donación mediante escritura pública.
Esa secuencia desmonta una parte de su defensa política: Roberto Luévano ayudó a construir el camino legal que después, ya como alcalde, tuvo que administrar. Eso no lo convierte en culpable de un delito, pero sí lo obliga a explicar una responsabilidad que es suya
Pero Morena ha decidido contar otra historia.
El gobierno de José Saldívar Alcalde presentó la escrituración como “sospechosa e irregular”, clausuró las obras por falta de permisos y vinculó el caso con la deuda heredada de la administración priista.
La narrativa tiene eficacia política: mezcla a un exalcalde con un terreno donado que los vecinos siempre consideraron parte de su patrimonio comunitario. Todo cabe en un mismo relato de corrupción.
El problema aparece cuando el expediente entra a la conversación.
Porque los propios documentos oficiales muestran que el terreno entregado en 2008 tenía un valor comercial inferior al predio perdido en 1975: 173 mil pesos contra 440 mil, según los avalúos de la época.
La superficie era mayor, sí; el valor económico, no. Tampoco existe evidencia documental de aquella prohibición absoluta que algunos actores invocan para sostener que la donación era ilegal desde su origen. La ley vigente entonces exigía autorización legislativa, y esa autorización existía.
Eso obliga a una conclusión incómoda para ambos bandos.
Luévano difícilmente puede presentarse como un espectador inocente del proceso que ayudó a diseñar. Y tampoco se puede decir que Morena tenga razón en convertir un expediente complejo en sentencia política definitiva. Entre una irregularidad administrativa y un escándalo electoral existe un territorio donde suelen prosperar las campañas.
Y ese territorio tiene nombre: 2027.
Desde mayo, dirigentes priistas comenzaron a promover públicamente la imagen de Luévano como posible candidato para recuperar Guadalupe. El proceso electoral local empezó a tomar forma casi al mismo tiempo. Tres meses después estalló el caso de Las Águilas. Las fechas, por sí solas, no alcanzan para hablar de conspiración. Pero la coincidencia es demasiado oportuna como para pasarla por alto.
Del otro lado también hay futuro.
A José Saldívar no le alcanza con terminar su administración. En Morena se le menciona como una de las cartas para competir por una diputación, federal o local, y necesita llegar a esa negociación convertido en el hombre que derrotó dos veces a Luévano: primero en las urnas de 2024 y ahora en la disputa por la opinión pública.
Su capital político depende de mantener al PRI a la defensiva y de impedir que el exalcalde reconstruya la narrativa de víctima.
La verdadera pregunta, sin embargo, sigue sin respuesta.
¿Qué ocurrió con el área de donación que durante años usaron los vecinos? ¿Existió una sustitución equivalente para la comunidad?
Ninguno de los dos bloques ha puesto sobre la mesa esa evidencia. Y quizá ahí, más que en las conferencias o en los sellos de clausura, se encuentre la única verdad que realmente importa para Guadalupe.
En Guadalupe, las boletas parecen el punto de partida de la elección. No lo son. Todo empezó antes, cuando los archivos dejaron de ser memoria y se volvieron estrategia.
Porque hoy, en ese municipio, antes que el predio de Las Águilas, lo que ambos bandos están disputando es el relato.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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