Zacatecas, Zac.- El Ayuntamiento de Guadalupe suspendió obras en un predio de la colonia La Fe tras la denuncia de vecinos liderados por Daniel Juárez, quienes alertaron sobre el ingreso de maquinaria pesada en un terreno que consideran de uso común. El propietario exhibe una escritura de 2015, lo que abre la disputa sobre la legalidad de su enajenación.
El origen del predio se remonta al 16 de diciembre de 2003, cuando la empresa EDIZAC, Edificaciones de Zacatecas, donó el terreno al Ayuntamiento de Guadalupe mediante escritura pública, en cumplimiento del artículo 229, fracción III, del entonces vigente Código Urbano del Estado, que obligaba a los fraccionadores de desarrollos de interés social a ceder el 10% de la superficie total al municipio para equipamiento urbano y áreas verdes.
La escritura se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el 9 de marzo de 2004, con lo que el predio quedó constituido como bien de dominio público.
El origen de la disputa actual, sin embargo, se remonta a una operación ajena a esa donación: el 8 de marzo de 1975, el municipio compró a Francisco Torres Reyes un terreno de 142.80 metros cuadrados para construir la Vialidad Arroyo de la Plata, pero ese contrato de compraventa nunca se inscribió en el Registro Público porque el propio Ayuntamiento no logró acreditar el origen de la propiedad.
Para resarcir esa afectación, el Congreso del Estado aprobó el 12 de junio de 2008 el Decreto 113, que autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe a entregar a Torres Reyes, mediante permuta, el predio donado por EDIZAC años antes.
La fórmula de permuta resultó igualmente insegura: el 13 de septiembre de 2012 el Ejecutivo estatal turnó al Congreso una iniciativa para reformar el Decreto 113, con el argumento de que el contrato original de 1975 seguía sin inscribirse y no ofrecía certeza jurídica al beneficiario.
El 6 de diciembre de 2012, la Legislatura aprobó el Decreto 466, que modificó el artículo primero del decreto anterior para sustituir la permuta por una donación pura y simple a título gratuito, con el fin expreso, según consta en la exposición de motivos del propio decreto, de dotar de seguridad jurídica al solicitante y permitir su escrituración.
La cadena legislativa se cerró el 26 de noviembre de 2015, cuando la administración municipal encabezada por el alcalde priista Roberto Luévano Ruiz y la síndica Natalia Daniela del Muro Quiñones formalizó, ante notaría pública, el contrato de donación que transmitió la propiedad del predio a Francisco Torres Reyes, en cumplimiento de los decretos 113 y 466. Con ese acto, un espacio que durante más de una década había figurado como área de donación pública terminó, por la vía de dos reformas legislativas sucesivas, en manos de un particular.
El conflicto se detonó ahora en agosto de 2026, cuando vecinos de la colonia La Fe, cercana a la privada Las Águilas, alertaron sobre el ingreso de maquinaria pesada al predio, que la comunidad identifica como un área de uso común. Ante la denuncia y la falta de licencias de construcción vigentes, el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Guillermo Dueñas, ordenó la colocación de sellos de suspensión de obra y abrió una revisión sobre el estatus legal del inmueble, mientras el propietario exhibió la escritura de 2015 que lo acredita como dueño legal.
La administración municipal actual, encabezada por el morenista José Saldívar Alcalde, calificó la operación de 2015 como sospechosa e irregular y sostiene que un espacio destinado al beneficio vecinal terminó en manos privadas en perjuicio del patrimonio público. El gobierno en turno enmarca el caso dentro de una revisión más amplia de la gestión priísta 2013-2016, en la que recuerda que el municipio debió liquidar recientemente una deuda pública de 340 millones de pesos contraída en ese periodo.
El exalcalde Roberto Luévano Ruiz rechazó las acusaciones y las calificó de parciales y sin sustento documental. Sostuvo que su administración no decidió de manera autónoma entregar el terreno, sino que se limitó a formalizar un mandato del Congreso del Estado emitido a través de los decretos 113 y 466, y subrayó que la escrituración es un acto que perfecciona un derecho ya otorgado por la Legislatura, no que lo crea. Luévano acusó a la administración de Saldívar de prevaricación y de omitir deliberadamente los antecedentes legislativos del caso.
Los vecinos de la colonia La Fe, representados por Daniel Juárez, insisten en que el predio es un área de uso común y exigen su restitución para beneficio de los colonos, además de oponerse a cualquier construcción privada en el lugar.
El caso se inserta en un marco normativo estricto. Tanto el derogado Código Urbano como el vigente Código Territorial y Urbano del Estado obligan a los desarrolladores de fraccionamientos a ceder entre el 10% y el 15% de la superficie total de sus proyectos para equipamiento urbano y áreas verdes, según se trate de vivienda de interés social o residencial.
Los artículos 175 y 176 del Código Territorial y Urbano vigente establecen que esas áreas de donación son bienes de dominio público municipal, sobre los que el Ayuntamiento no puede ejercer actos de dominio -venderlos, permutarlos o donarlos- sin autorización expresa de la Legislatura estatal, y que cualquier servidor público que disponga de ellas en contravención a la ley puede incurrir en responsabilidad administrativa o en el delito de peculado.
La misma normativa obliga a sustituir cualquier espacio de donación que cambie de destino por otro de características, ubicación y dimensiones equivalentes.
La autorización legislativa para enajenar el predio existió, respaldada por los decretos 113 y 466. Lo que las autoridades tienen pendiente por determinar es si la donación formalizada en 2015 se ajustó estrictamente a las dimensiones, ubicación y términos que el Congreso del Estado autorizó en esos decretos, o si hubo una desviación en la ejecución material de la operación.
De esa verificación depende, en última instancia, si el conflicto de la colonia La Fe es resultado de un vacío administrativo heredado desde 1975 o de una irregularidad posterior en la forma en que se entregó el terreno.
LNY | Redacción