CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay regalos que un gobierno nunca debería hacer.
No porque sean ilegales. Ni siquiera porque sean caros. Sino porque se pagan con el dinero de todos y terminan en las manos de quienes menos los necesitan.
Eso es lo que hoy se discute en Zacatecas.
Durante años, miles de familias han esperado una oportunidad para acceder a una vivienda. Mientras tanto, el Gobierno del Estado diseñó un programa para atender justamente esa necesidad: apoyar a quienes carecían de patrimonio propio. No se trataba de un crédito. No era un financiamiento. Era un subsidio. Dinero público entregado a fondo perdido. Un regalo que jamás tendría que devolverse.
Y ese regalo terminó llegando al círculo más cercano del poder.
La lista habla por sí sola. Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación. Carlos Zúñiga Rivera, jefe de la Oficina del Gobernador. Roberto de León Hernández, secretario privado del mandatario. Víctor Humberto de la Torre Delgado, director del SEDIF. Nieves Medellín Medellín, director del Conalep. Mario Bañuelos Montellanos, director de Contrataciones de la propia Secretaría de la Función Pública.
No son empleados cualquiera. Son parte del engranaje que sostiene diariamente al gobierno del todavía inquilino de La Casa de los Perros.
La pregunta, entonces, ya no es si tenían derecho legal a presentar una solicitud.
Es por qué, existiendo decenas de miles de familias sin vivienda, los recursos públicos terminaron favoreciendo precisamente a quienes ya ocupaban los espacios de mayor confianza dentro de la administración.
Y la respuesta no puede esconderse detrás de la palabra “legalidad”.
Porque la legalidad no siempre alcanza para explicar la legitimidad.
Las reglas de operación publicadas en 2023 establecían un criterio elemental: no contar con vivienda propia. Sin embargo, las declaraciones patrimoniales muestran casos que obligan a una explicación mucho más profunda. Víctor Humberto de la Torre declaró dos inmuebles. Gabriela Pinedo reportó dos casas. Nieves Medellín y Mario Bañuelos registraron adquisiciones recientes de vivienda. Aun así, fueron incorporados al programa.
Si esos expedientes cumplieron todos los requisitos, el gobierno debe demostrarlo.
Y si no los cumplieron, el problema deja de ser político para convertirse en administrativo, patrimonial y ético.
David Monreal ha defendido el programa. Sostiene que se trata del mayor esfuerzo de vivienda en la historia de Zacatecas y que los trabajadores del gobierno también pueden ser beneficiarios. Tiene razón en algo: ningún servidor público pierde sus derechos por trabajar para el Estado.
Pero tampoco puede ignorarse otra realidad.
Cuando un subsidio destinado a combatir la desigualdad termina concentrándose entre secretarios, directores, jefes de oficina y colaboradores del gobernador, el mensaje público cambia por completo. Lo que nació para reducir privilegios comienza a parecer un privilegio más.
La crítica, además, no viene sólo de la oposición.
Saúl Monreal calificó la entrega de estos apoyos como un insulto para miles de trabajadores que siguen esperando una vivienda. Geovanna Bañuelos exigió investigaciones, auditorías y la revocación de los subsidios si existieron irregularidades. Noemí Luna cuestionó que un gobierno que alega restricciones presupuestales para cumplir otras obligaciones encuentre recursos para regalar cientos de miles de pesos a funcionarios de alto nivel.
Ni siquiera Morena salió a cerrar filas. Rubén Flores Márquez pidió que se investigue y que, si las autoridades encuentran irregularidades, el partido actúe en consecuencia.
Quizá por eso hay un detalle que merece toda la atención.
En las nuevas reglas de operación desapareció el requisito de no tener vivienda propia.
Es una modificación legal.
Pero también una confesión política.
Porque cuando las reglas cambian después del escándalo, aparece inevitablemente aparece la sospecha de que no fueron las personas las que se adaptaron a la norma.
Fue la norma la que terminó adaptándose a las personas.
Y ese nunca ha sido el propósito de un programa social. Mucho menos de uno financiado con el dinero de quienes todavía siguen esperando una casa.
Esta columna se va de vacaciones. Nos vemos pronto.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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