CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La política suele perdonar los errores. Lo que rara vez perdona es la falta de congruencia. Porque cuando el discurso y los hechos dejan de caminar juntos, la credibilidad comienza a romperse. Ésa es la prueba que hoy enfrenta Zaira Villagrana Escareño.
Su trayectoria pública reconocible se concentra, sobre todo, en un solo cargo político. Durante más de tres décadas desarrolló una carrera como docente y entrenadora deportiva en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sin embargo, fue su nombramiento, en septiembre de 2021, como secretaria de las Mujeres del Gobierno del Estado, el que la colocó por primera vez en el centro de la vida política zacatecana.
Aquella responsabilidad exigía algo más que capacidad administrativa: requería autoridad moral para defender los derechos de quienes históricamente han enfrentado la desigualdad y la violencia.
En los primeros meses de su gestión asumió públicamente esa bandera. Condenó expresiones consideradas misóginas emitidas por funcionarios públicos, como el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García, promovió denuncias por violencia política en razón de género y sostuvo que ninguna posición de poder justificaba el menosprecio hacia una mujer. Su discurso encontraba sentido en el cargo que ocupaba.
Con el paso del tiempo, sin embargo, la narrativa comenzó a cambiar. Diversas trabajadoras de la propia Secretaría de las Mujeres denunciaron presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento, violencia laboral y psicológica.
Organizaciones civiles, litigantes y exservidoras públicas señalaron un ambiente de intimidación dentro de la dependencia y cuestionaron la conducción institucional de una secretaría creada precisamente para proteger derechos. La institución llamada a defender a las mujeres terminaba siendo cuestionada por mujeres que habían trabajado dentro de ella.
A las críticas por el manejo interno de la dependencia se sumaron cuestionamientos sobre la compatibilidad entre su cargo como secretaria de Estado y una plaza docente universitaria. Más allá de la discusión estrictamente jurídica, el episodio alimentó un debate sobre la transparencia y los estándares de ejemplaridad que la ciudadanía espera de quienes ejercen responsabilidades públicas.
Durante su gestión también enfrentó fuertes cuestionamientos desde el Poder Legislativo y por parte de organismos defensores de derechos humanos. En distintas comparecencias fue señalada por diputadas de diferentes fuerzas políticas y recibió críticas por la manera en que respondió a las denuncias internas.
Particularmente controvertida fue su postura tras las movilizaciones del 8 de marzo de 2024, cuando privilegió la condena a los actos de violencia registrados durante las protestas, una postura que los colectivos feministas leyeron como una ruptura con las demandas de fondo que habían llevado a miles de mujeres a las calles.
Sobre su gestión pesan además denuncias penales por presunto abuso de autoridad, hostigamiento y violencia laboral, así como diversas quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Villagrana ha negado haber cometido irregularidades y, en distintos momentos, afirmó desconocer la existencia de algunos de esos procedimientos. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que acredite esas imputaciones y la exfuncionaria ha rechazado públicamente cualquier conducta ilícita. La controversia, sin embargo, continúa formando parte de su historia política.
Concluido su paso por el gabinete estatal, decidió registrarse como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación rumbo a la sucesión de 2027. Lo hizo apelando al trabajo en territorio, a la continuidad del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública.
Sin embargo, incluso liderazgos cercanos al grupo político con el que se le identificaba, Los Convencionistas, alineados al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, aclararon que su decisión fue estrictamente personal y no resultado de un acuerdo colectivo.
Hay otro dato que también merece atención. A diferencia del resto de los perfiles analizados en La Casa de los Perros, Zaira Villagrana no aparece entre los aspirantes evaluados por las principales encuestas publicadas sobre la sucesión de Zacatecas.
Esa ausencia no constituye una descalificación por sí misma, pero sí refleja el tamaño del desafío político que enfrenta: antes de competir por la candidatura deberá construir un nivel de reconocimiento y confianza que hoy todavía no se refleja en las mediciones de opinión pública.
La política ofrece con frecuencia segundas oportunidades. Pero pocas veces concede una tercera cuando la credibilidad ha comenzado a erosionarse. El reto de Zaira Villagrana no consiste únicamente en convencer de que puede gobernar Zacatecas. Consiste, primero, en reconciliar el discurso que defendió desde el poder con la experiencia que dejó su paso por él.
Los cargos otorgan autoridad. La congruencia les da legitimidad.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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