Zacatecas, Zac.- La excomisionada del INAI, Julieta del Río Venegas, advirtió que la pérdida, desorganización y el ocultamiento de documentos públicos vulneran la transparencia en México. Al cumplirse siete años de la Ley General de Archivos, la especialista señaló que estas deficiencias estructurales persisten en las instituciones mexicanas, lo que favorece espacios de opacidad y debilita la fiscalización ciudadana.
El aniversario de este marco normativo expone una brecha considerable entre la legislación y la práctica institucional. La ley se diseñó con el objetivo de regular la organización, conservación y administración de los documentos generados por los entes públicos, estableciendo el principio de que la memoria documental es la base indispensable para ejercer el derecho de acceso a la información. No obstante, la realidad operativa del Estado mexicano muestra un panorama de archivos dispersos, deteriorados o mal conservados, lo que compromete la trazabilidad de las decisiones gubernamentales.
Los intereses en juego adquieren especial relevancia durante los procesos de entrega-recepción al término de los periodos sexenales. En estas transiciones, la existencia de expedientes físicos y electrónicos completos es el único mecanismo que asegura la continuidad administrativa y permite deslindar responsabilidades legales, administrativas o penales. La ausencia o destrucción de soportes documentales impide verificar de forma fidedigna el uso de los recursos públicos y, en consecuencia, abre la puerta a la impunidad de los servidores públicos salientes.
Las implicaciones de esta debilidad del sistema de archivos afectan de manera directa a los órganos de fiscalización. La alteración o desaparición de documentos oficiales bloquea de forma sistemática las auditorías e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Al obstaculizar la reconstrucción de las decisiones financieras y operativas del Estado, se vulnera el patrimonio documental y se rompe el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. Consolidar una cultura archivística permanente sigue siendo un desafío institucional crítico para evitar que la opacidad desplace al derecho a la verdad.
LNY | Redacción