Ciudad de México.- El coordinador parlamentario del Partido Verde, Carlos Puente, ratificó su alianza con la presidenta Claudia Sheinbaum durante un mitin en el Monumento a la Revolución por el segundo aniversario de su victoria electoral. El legislador defendió los indicadores económicos y las 25 reformas constitucionales aprobadas, buscando asegurar la cohesión oficialista frente al desgaste político y la negociación presupuestaria del próximo año.
El discurso, pronunciado en la Ciudad de México, expone una estrategia de consolidación ante la opinión pública en un momento donde el bloque gobernante requiere afianzar su narrativa de estabilidad frente a los mercados internacionales. Al enfatizar una inversión extranjera directa de 23.591 millones de dólares en el primer trimestre y un salario mínimo de 9.500 pesos mensuales, la coalición intenta matizar las críticas de la oposición sobre la incertidumbre jurídica derivada de las modificaciones legales. Estos datos económicos, presentados como conquistas laborales y empresariales, funcionan como un escudo político frente a los sectores financieros que miran con reserva la concentración de poder en el Congreso de la Unión.
La alianza entre el Partido Verde y el partido gobernante se sostiene en un pragmatismo condicionado al reparto de recursos y a la viabilidad de la agenda social. El anuncio de que los programas de bienestar alcanzarán a 43 millones de beneficiarios con un presupuesto de 1,003 billones de pesos subraya la dependencia de la estructura electoral de este gasto público. La continuidad de becas como la Rita Cetina y la Benito Juárez representa el principal capital político del oficialismo, pero también plantea un desafío fiscal severo para la segunda mitad del sexenio, obligando al Poder Legislativo a buscar mecanismos de recaudación estables sin decretar una reforma fiscal profunda.
La insistencia de Puente en catalogar a la LXVI Legislatura como la más productiva del siglo debido a la aprobación de 25 reformas constitucionales y 65 modificaciones legales sugeridas por el Ejecutivo abre un debate sobre la calidad de la deliberación parlamentaria. Analistas independientes y partidos de oposición argumentan que la velocidad del Constituyente Permanente ha debilitado los contrapesos institucionales, transformando al Congreso en una oficialía de partes del Palacio Nacional. La reducción reportada del 50% en homicidios dolosos y del 20% en delitos de alto impacto se sitúa en el centro de esta disputa, pues las cifras oficiales contrastan con la persistencia de economías ilícitas y el control territorial de grupos delictivos en distintas entidades del país, un factor que la numeralia gubernamental suele omitir.
LNY | Redacción