Ciudad de México.- El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un exhorto urgente promovido por la legisladora Verónica Díaz para obligar a los 32 congresos locales a armonizar sus leyes con las reformas federales en materia de igualdad sustantiva y derecho a una vida libre de violencia, ante el rezago normativo que persiste en las entidades mexicanas.
La resolución institucional aprobada en la Cámara Alta expone la brecha existente entre las modificaciones de la Constitución general y los marcos jurídicos de los estados, una asimetría que frena la aplicación efectiva de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas. El centro del conflicto radica en que los avances aprobados a nivel federal corren el riesgo de convertirse en retórica estéril si las soberanías locales postergan las adecuaciones pertinentes. Las implicaciones de este retraso legislativo afectan directamente el acceso a la justicia y la homologación de criterios de protección en todo el territorio nacional.
El mandato senatorial impone plazos implícitos al demandar que los congresos locales adecuen sus constituciones conforme a la reforma constitucional publicada el 15 de noviembre de 2024. Este cambio normativo elevó a rango constitucional la perspectiva de género y los mecanismos de erradicación de las violencias. No obstante, el alcance de la exigencia es mayor, ya que obliga también a la actualización de las leyes secundarias derivadas de los decretos federales publicados en diciembre de 2024 y enero de 2026, lo que implica una reconfiguración profunda de los códigos civiles, penales y administrativos de cada entidad.
Para garantizar el cumplimiento de este acuerdo, el Senado de la República estableció un mecanismo de control institucional mediante el cual solicita a los parlamentos estatales informes detallados sobre sus avances legislativos. Esta medida busca fiscalizar el proceso de adecuación y evitar la discrecionalidad política en los congresos locales. La fundamentación de la propuesta, de acuerdo con la posición de la senadora Díaz, sostiene que la eficacia de la ley federal depende de su vinculación en el territorio, donde las demandas y problemáticas de la población femenina requieren soluciones jurídicas aplicables e inmediatas y no estructuras normativas fragmentadas.
LNY | Redacción