Ciudad de México.- El legislador Carlos Puente Salas propuso garantizar el acceso de jóvenes a candidaturas a cargos de elección popular ante el pleno de la Cámara de Diputados, mediante una reforma legal que establece acciones afirmativas obligatorias para combatir la subrepresentación política de este sector, que compone una cuarta parte de la población nacional pero carece de espacios de decisión.
La iniciativa formalizada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México plantea una modificación estructural en las reglas de postulación de los partidos políticos. El proyecto exige que al menos el 30 por ciento de las candidaturas para diputaciones federales y locales, senadurías, ayuntamientos y alcaldías se reserve a ciudadanos menores de 30 años. Asimismo, la propuesta extiende esta lógica de inclusión a las gubernaturas, determinando que los partidos y coaliciones deben destinar un porcentaje idéntico de sus postulaciones a perfiles que se ubiquen en el rango de los 30 a los 40 años de edad.
El sustento demográfico de la reforma radica en que actualmente existen cerca de 30 millones de personas entre los 15 y 29 años en el país, de las cuales 26 millones se encuentran inscritas en el padrón electoral. Esta densidad numérica contrasta con la realidad de las instituciones del Estado, donde la presencia juvenil se mantiene marginal. El argumento central expuesto en la tribuna parlamentaria señala que este fenómeno no deriva de una carencia de preparación o de aptitudes por parte de las nuevas generaciones, sino de inercias sistémicas y prejuicios arraigados que vinculan erróneamente la edad con la capacidad de gestión pública, lo que termina por perpetuar la exclusión de este sector de los procesos deliberativos.
Las implicaciones de esta medida impactan directamente en el diseño organizativo de las fuerzas políticas, las cuales se verían obligadas a modificar sus criterios de selección interna y a ceder espacios tradicionalmente reservados a militantes con trayectorias de mayor antigüedad. Como antecedente directo del desempeño de perfiles jóvenes en altas responsabilidades, se destacó el caso de gobernadores que asumieron sus cargos a edades tempranas bajo las siglas de la agrupación promovente, quienes han entregado resultados de gobierno comprobables, utilizándolos como referente de viabilidad institucional para la propuesta de ley.
La discusión parlamentaria de esta iniciativa abre un debate necesario sobre la renovación de la vida democrática y los mecanismos de justicia distributiva en la representación popular. El proyecto busca trascender el reconocimiento retórico del sector juvenil para transformarlo en una obligación jurídica, enfrentando el desafío de equilibrar las estructuras tradicionales de poder partidista con la exigencia de una integración equitativa que refleje con precisión la composición de la sociedad mexicana contemporánea.
LNY | Redacción