Zacatecas, Zac.- Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno de Zacatecas, admitió que la administración cometió un “error” al caer en la provocación de manifestantes durante el desalojo de productores de frijol en las inmediaciones del Multiforo el pasado sábado. El funcionario justificó la intervención policial ante una supuesta estrategia de desestabilización política, mientras organizaciones sociales denuncian represión institucional en medio de exigencias agrarias.
Reyes Mugüerza reconoció abiertamente que el Ejecutivo estatal se vio arrastrado a una situación que buscaba restarle legitimidad a la gestión pública, señalando que la respuesta gubernamental fue la consecuencia de actos que buscaban politizar el conflicto agrario. Según el secretario, la movilización de los agricultores no sólo carece de sustento técnico, sino que ha sido infiltrada por simpatizantes de la oposición, específicamente del Partido Acción Nacional, en lo que calificó como un acto de “rapiña” para capitalizar el descontento social.
El funcionario sostuvo que el operativo en los alrededores del Multiforo fue una medida necesaria para resguardar la seguridad de miles de personas que asistirían a un evento masivo, argumentando que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden frente a amenazas que escalaron hasta la toma de edificios públicos y advertencias de muerte contra trabajadores.
La postura oficial insiste en que las demandas de los inconformes ya han sido atendidas a través de una gestión histórica ante la instancia federal Alimentación para el Bienestar. Reyes detalló que se han acopiado 97 mil 950 toneladas de grano en beneficio de más de 12 mil productores, cifra que representa más de la mitad del acopio nacional.
Respecto al grupo movilizado, el secretario afirmó que los compromisos pactados el 29 de marzo fueron superados, atendiendo a 441 productores en lugar de los 300 inicialmente previstos. Ante las exigencias de su renuncia, el secretario vinculó estas peticiones a sus propias aspiraciones políticas futuras y denunció haber recibido amenazas personales en redes sociales.
Por su parte, el subsecretario de Operación Policial, Ginés Jaime Ruiz García, defendió que la actuación de los elementos de seguridad se apegó a la legalidad y a los protocolos establecidos, contando con la observación de la Fiscalía de Derechos Humanos. No obstante, Ruiz García confirmó el inicio de una evaluación interna para fortalecer los mecanismos de contención y asegurar que en intervenciones futuras prevalezca la prudencia. El mando policial reconoció la angustia generada en la sociedad y manifestó que la seguridad pública debe ejercerse con sensibilidad y humanidad para evitar excesos.
El núcleo del conflicto radica en la exigencia de los productores por un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, una demanda que el gobierno estatal asegura no poder cumplir debido a que las reglas de operación dependen estrictamente de la normativa federal. La administración estatal sostiene que los manifestantes no han entregado un padrón claro de los beneficiarios pendientes de pago, lo que ha dificultado el cotejo de información con las dependencias correspondientes. Esta discrepancia técnica, sumada a las denuncias de presunta corrupción en el sistema de acopio, mantiene una tensión estructural entre la necesidad de orden institucional y el reclamo de los agricultores zacatecanos
LNY | Redacción