CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La LXV Legislatura de Zacatecas, erigida en Colegio Electoral, designó a Verónica Yvette Hernández López de Lara como titular de la Auditoría Superior del Estado para el periodo del 23 de junio de 2026 al 23 de junio de 2033.
Obtuvo 28 de 30 votos en una elección secreta. Sus competidores, Alejandro Nicolás González y Javier Alberto Díaz, quedaron atrás sin margen. El procedimiento cumplió con los requisitos formales: entrevistas, trayectoria mínima, ausencia de parentescos directos. El trámite fue impecable. La duda, no.
El poder rara vez se equivoca en sus formas. Se equivoca —o se exhibe— en sus decisiones. La auditoría no es un despacho técnico; es una frontera. De un lado, el dinero público. Del otro, la tentación de administrarlo sin vigilancia. En medio, una persona. Y en Zacatecas, esa persona viene de adentro.
Hernández López de Lara no es una figura ajena al engranaje que ahora deberá fiscalizar. Fue secretaria de Administración en el gobierno del todavía inquilino de La Casa de los Perros hasta abril de 2025. Antes, ocupó cargos dentro de la propia Auditoría y, más recientemente, en la Auditoría Superior de la Federación. Su hoja de vida cumple con la ley. Pero la ley —a menudo— llega tarde a las preguntas incómodas.
El punto ciego es evidente: ¿puede una exfuncionaria de alto nivel revisar con independencia las decisiones del mismo gobierno en el que participó? La respuesta oficial es afirmativa. La respuesta ciudadana, todavía no.
Un grupo de abogados litigantes, encabezados por Jorge Rada Luévano, levantó la mano antes de la votación. No cuestionaron el procedimiento, sino la coherencia. Señalaron un posible conflicto de interés: la auditora podría tener que investigar actos en los que ella misma tuvo intervención directa o indirecta. No es una hipótesis abstracta. Es la lógica de los hechos.
El caso del Issstezac agrava la inquietud. Durante su paso por la Junta Directiva, la institución acumuló sanciones por incumplir sentencias de jubilados y pensionados. No es un asunto menor. Ahí se cruzan dos líneas rojas: la gestión de recursos públicos y la deuda moral con quienes ya trabajaron una vida. ¿Quién audita esas decisiones cuando la auditora estuvo en la mesa?
La respuesta institucional fue rápida, pero previsible. Hernández López de Lara negó cualquier irregularidad. Defendió la legalidad del proceso. Reivindicó la soberanía del Congreso. Prometió un nuevo modelo de fiscalización alineado con estándares nacionales. Y habló de coordinación con la Fiscalía. El lenguaje fue correcto. Quizá demasiado.
Porque aquí no está en juego la legalidad del nombramiento, sino su legitimidad. Y la legitimidad no se decreta; se construye. Se sostiene en la confianza. Y la confianza, en política, es un recurso escaso.
El Congreso votó casi en bloque. Veintiocho de treinta diputados coincidieron. La unanimidad, en ciertos contextos, no es fortaleza; es síntoma. Cuando el disenso desaparece, la deliberación se vuelve ritual. Y la democracia, trámite.
Este relevo no ocurre en el vacío. Coincide con otros nombramientos en el sistema de control, como el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Se dibuja un mapa. Y en ese mapa, las instituciones encargadas de vigilar al poder empiezan a parecerse demasiado al poder que deben vigilar.
No es una acusación. Es una advertencia.
La Auditoría Superior del Estado tiene una función ingrata: incomodar. Revisar cuentas, detectar irregularidades, señalar responsabilidades. No está diseñada para la cortesía política, sino para la fricción institucional. Su eficacia depende de su distancia respecto al Poder Ejecutivo. Si esa distancia se acorta, la auditoría se vuelve espejo. Y el poder rara vez se critica a sí mismo con rigor.
El argumento de la experiencia juega a favor de la nueva titular. Conoce la administración desde dentro. Sabe dónde mirar. Sabe cómo funcionan los procesos. Pero ese mismo conocimiento es un arma de doble filo: también sabe qué no mirar.
En los próximos meses, la prueba será concreta. No bastarán los discursos ni los protocolos. Bastarán —o faltarán— los dictámenes. Los informes. Las observaciones. Ahí se medirá la independencia. No en la ceremonia, sino en el expediente.
Zacatecas no necesita una auditora impecable en el papel. Necesita una auditora incómoda en la práctica.
Porque cuando quien vigila proviene del mismo círculo que debe fiscalizar, la pregunta ya no es si puede hacerlo. La pregunta es si querrá. Y esa respuesta no se vota. Se demuestra.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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