Ciudad de México.- El registro obligatorio de líneas celulares en México se encuentra estancado, con solo 30 millones de los 161 millones de dispositivos inscritos ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Según Julieta del Río Venegas, especialista en transparencia, este avance limitado refleja el miedo y la desconfianza ciudadana ante el riesgo de vulneración de sus datos personales.
La implementación del padrón, diseñado originalmente como una herramienta para combatir la extorsión y el fraude, enfrenta un escenario de escepticismo social. Las estadísticas oficiales revelan que el despliegue de brigadas informativas en espacios públicos y portales gubernamentales no ha logrado incentivar la participación. Por el contrario, el incremento persistente de delitos cometidos mediante telefonía móvil ha consolidado la percepción del dispositivo celular como un instrumento de vulnerabilidad constante para el usuario.
El análisis de Del Río Venegas apunta a una debilidad en la custodia de la información. La transición de esta función, anteriormente bajo la supervisión de órganos autónomos, hacia instancias de bajo perfil y operatividad opaca, ha generado un vacío informativo sobre los protocolos de resguardo. A este factor se suman las fallas detectadas desde el origen del sistema, incluyendo reportes de filtraciones de bases de datos que han minado la credibilidad del proyecto.
La efectividad técnica de la medida también es objeto de cuestionamiento institucional. Expertos en seguridad advierten que el uso de números virtuales y otras tecnologías de evasión permiten a los delincuentes eludir el registro, lo que reduce el padrón a una carga burocrática para el ciudadano cumplido sin afectar la operatividad del crimen organizado. En este sentido, la lentitud en la inscripción no se interpreta como una negligencia administrativa, sino como una respuesta defensiva de la sociedad civil frente a la incertidumbre.
Ante la proximidad de la fecha límite fijada para el 30 de junio, el panorama institucional exige una rectificación en la estrategia. El fortalecimiento de las capacidades de investigación y la transparencia absoluta en los avisos de privacidad son requisitos indispensables para recuperar la legitimidad de la política pública. Sin controles independientes y garantías verificables de protección de datos, el registro corre el riesgo de confirmarse como una brecha de confianza insalvable entre el Estado y los ciudadanos.
LNY | Redacción