NOEMÍ LUNA AYALA
Aunque el Medio Oriente parezca lejano, sus efectos se sienten todos los días en el bolsillo de las familias mexicanas. La globalización ha acercado los conflictos internacionales a nuestra economía, golpeando con especial dureza al campo.
La guerra en esa región ha tenido un impacto directo en el mundo. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán afectó el flujo de petróleo, gas y fertilizantes, encareciendo insumos esenciales para la producción de alimentos, como ocurre en México.
El resultado es claro y doloroso. El diésel ronda ya los 30 pesos por litro, mientras los fertilizantes han aumentado hasta 55%. Nada es más caro que lo que no se tiene, como lo expresan miles de productores mexicanos que hoy enfrentan costos imposibles.
Tras cinco semanas de conflicto bélico, en Zacatecas y otras regiones frijoleras la situación es crítica por el alza en combustibles y fertilizantes, que impacta directamente en la rentabilidad del campo.
A pesar de existir un Precio de Garantía de 27 pesos por kilo, los agricultores que no accedieron al programa de acopio se ven obligados a vender su producción a “los coyotes” por 6 u 8 pesos.
Por cierto, hay voces dentro de Morena que denuncian que en mi estado natal el “coyotaje” es oficialista, al ser encabezado por legisladores federales zacatecanos de ese mismo partido.
Sin un respaldo efectivo del gobierno federal, el campo mexicano permanece en desventaja y abandono frente a un entorno cada vez más adverso.
En medio de esta tensión internacional, es un alivio saber que este martes Estados Unidos e Irán lograron una tregua temporal. El acuerdo contempla un alto al fuego de dos semanas que ha reducido la presión sobre los precios de los combustibles.
Sin embargo, aún no puede hablarse del fin del conflicto. Ambas naciones mantienen condiciones contrarias para detener la guerra, lo que prolonga la incertidumbre y el riesgo de nuevas alzas.
Ante este panorama, México debe tomar previsiones. El gobierno federal ha implementado un subsidio a los combustibles; es un avance, pero insuficiente.
Se requiere ir más allá. Establecer el precio de los combustibles en 20 pesos por litro, como lo hemos propuesto en el PAN, no es una demanda política, sino una necesidad productiva urgente. Mantenerlos cerca de 30 pesos asfixia al campo y encarece toda la cadena alimentaria.
Cada incremento impacta directamente en los costos de producción, transporte y distribución, lo que se refleja en un aumento del índice inflacionario que afecta a millones de familias.
Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió gasolina a 10 pesos. Hoy, ni siquiera el doble de esa cifra parece alcanzable para el gobierno de su sucesora Claudia Sheinbaum.
El campo no pide privilegios, pide justicia: fertilizantes accesibles, energía más barata, apoyos gubernamentales y mercados transparentes. Porque cuando el campo se abandona, no solo pierden los productores: perdemos todas y todos.
Sobre la Firma
Legisladora combativa y constitucionalista firme con liderazgo panista con filo crítico.
dip_noemi_luna@hotmail
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