Zacatecas, Zac.- El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, remarcó el compromiso de Zacatecas, ante colectivos de 29 estados de México, de garantizar la certeza y el acceso a la verdad en la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro nacional, celebrado en la capital zacatecana, busca institucionalizar la colaboración entre autoridades federales y familiares para localizar a los ausentes.
La relevancia de esta declaración reside en la magnitud de una crisis que ha desbordado las capacidades institucionales del país. Al asumir el compromiso de brindar acompañamiento permanente, Reyes Mugüerza sitúa la interlocución con las víctimas en el centro de la agenda de seguridad. Este movimiento político intenta mitigar la desconfianza histórica de las familias hacia las instituciones de procuración de justicia, especialmente en una región donde la violencia ha dejado huellas profundas en el tejido social.
En el conflicto de intereses que subyace a la desaparición de personas, el Estado se enfrenta al reto de depurar sus propias estructuras y registros. El acuerdo alcanzado para actualizar el registro nacional y realizar brigadas de toma de muestras de ADN revela una deficiencia estructural: la falta de datos genéticos fiables y de carpetas de investigación sistematizadas. La revisión regionalizada de estas carpetas, pactada con más de 60 autoridades y fiscales, es un reconocimiento tácito de que los mecanismos actuales han resultado insuficientes para procesar la escala del fenómeno.
Las implicaciones sociales son determinantes. La institucionalización de una mesa de trabajo quincenal con la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde los colectivos tienen voz y voto, otorga a las familias un papel activo en la toma de decisiones. Sin embargo, el éxito de esta apertura política dependerá de que el diálogo se traduzca en hallazgos concretos y no se limite a una gestión administrativa del dolor. La transparencia en el manejo de la crisis es el único camino para restaurar la legitimidad institucional en un entorno de alta vulnerabilidad ciudadana.
LNY | Redacción