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Pedro de León en la mira de la Fiscalía por presuntamente contratar encuestas “fantasma”

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal citar a una audiencia a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol, para imputarle la presunta contratación de encuestas “fantasma” que ocasionaron un daño al erario de 77.8 millones de pesos.

De acuerdo con informes judiciales, la Subprocuraduría de Delitos Federales pidió al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte fijar una fecha para la audiencia inicial donde será imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

El juez administrador del recinto judicial ya giró el citatorio al zacatecano, para que comparezca en la segunda quincena del presente mes.

Al ex funcionario le imputan un ilícito que no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, pero se castiga con 6 meses a 12 años de prisión, con 100 a 300 días multa, y la destitución e inhabilitación por el mismo periodo que la penalidad.

León Mojarro es hasta ahora uno de los pocos implicados en la “Estafa Maestra” que la Fiscalía General de la República imputó ante la justicia y no logró que fuera procesado penalmente.

El 3 de abril pasado, un juez federal de la Ciudad de México determinó no vincularlo a proceso por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México.

Libró la imputación porque el juez Fernando Payá Ayala resolvió que el convenio anterior no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El fallo no fue apelado por la FGR y quedó firme.

Pero ahora la Fiscalía pretende imputar al ex funcionario por el caso de un convenio del 1 de septiembre de 2014, suscrito entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para levantar encuestas de los beneficiarios de los programas sociales.

Por este contrato, el 8 de diciembre de ese año la Sedesol pagó 77 millones 847 mil pesos a la UAEM, requiriéndole también los servicios de verificación de información y datos personales de los beneficiarios en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Edomex y Veracruz.

La imputación de la Fiscalía, que tiene como base una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), asegura que no se practicaron la mayoría de las encuestas encargadas.

La auditoría señala que de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que debían ser entrevistados, sólo se levantaron 1 millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento del total.

Otra presunta ilicitud es que la Universidad subcontrató más del 49 por ciento que marca la ley como límite, pues el 28 de noviembre de 2014 adjudicó a Grupo Industrial y Servicios Yafed la contratación de todos los servicios por 73 millones 160 mil pesos.

LNY/Reforma

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