Impune, deshonestidad de Corichi; se niega indemnizar a ex trabajadores

En conjunto el grupo de directivos, reporteros, editores, correctores, diseñadores, fotógrafos, personal de sistemas, rotativa, distribución y publicidad, pugnan ante las instancias laborales del estado por el pago de poco más de un millón 200 mil pesos y salarios caídos, cantidad irrisoria frente a la capacidad financiera de la empresa que con total impunidad saqueó los activos y ocultó la información contable para burlar la ley y sus obligaciones como patrón.

Ante la arbitrariedad de Ciudadanía Democrática y el daño causado a los afectados, el grupo no descarta interponer una denuncia penal en contra de los accionistas por estos hechos fraudulentos a todas luces, que, además, se sostienen con la evidencia en el Registro Público de la Propiedad, autoridad ante quien omitió toda la información sobre los bienes mobiliarios del diario.

Para la empresa, seguramente, dos meses y medio no son relevantes, cuando incluso procede a la recuperación de un adeudo cercano a los cuatro millones de pesos en facturación; pero, para los agraviados, muchos de los que permanecen desempleados, el abuso y la deshonestidad de las representantes de la editora, a la que Demos retiró la concesión el 2 de mayo pasado, resultan repudiables e inadmisibles en una sociedad que pugna por la legalidad.

En este litigio, se esperaba la intervención de la ex gobernadora Amalia García Medina, madre de la senadora Corichi, por obligación moral, en tanto fue un periódico en gran medida instrumentado en beneficio de su régimen para desgracia de los ex empleados, causa de la suspensión de la franquicia a Ciudadanía Democrática.

Asimismo, se esperaba la intermediación del último director del matutino, el también perredista, Jaime Enríquez Félix, pero ambos hicieron caso omiso de la arbitrariedad.

Lamentablemente, el tiempo es un factor no previsto por la ley, máxime cuando la cuantía de demandas supera la capacidad de acción de La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en tanto la incidencia burocrática permitió inicialmente que la empresa retirara todos sus bienes del inmueble que ocupaba para escapar al embargo precautorio, lo cual la JLCA por su tardanza no pudo evitar, de tal suerte que cuando intentó aplicarlo no quedaban ni siquiera las instalaciones eléctricas en el inmueble.

Hasta el momento, las autoridades estatales del ramo lograron auspiciar una audiencia conciliatoria el pasado 17 de junio, que, sin embargo, otra vez a beneficio de la empresa, pese a sus actos, fue diferida al 25 de agosto próximo.

En dicha audiencia Azucena Reyes Miranda, quien hasta donde se sabe es propietaria de una pizzería y de un fraccionamiento, ofreció a los ex trabajadores 20 por ciento de las prestaciones legales, lo cual fue rotundamente rechazado por los agraviados, al igual que su actitud de tratarlos como limosneros en demérito de sus derechos laborales.

Firmado por Ángel Amador Sánchez, Teresa Morales Duke, Alonso Chávez Landeros, Bet-birai Nieto Morales, Araceli Rodarte Solórzano, Elizabeth Amador Márquez, Alma Alejandra Tapia Hurtado, Martín Catalán Lerma, Jorge Vázquez Valdez, Carlos Iván García Sánchez, Javier Alberto Valadez Becerra, Miguel Angel Núñez López, Enrique Israel Martínez Becerra.