JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Cada 20 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que invita a reflexionar sobre aquello que realmente define el bienestar de las personas. Más allá de indicadores económicos o discursos optimistas, la felicidad colectiva se sostiene en elementos mucho más profundos: confianza, certeza y la posibilidad de ejercer derechos. Entre ellos, uno fundamental y muchas veces subestimado: el derecho a saber.
Hablar de felicidad en un país como México no puede desvincularse de la realidad institucional que enfrentamos. La corrupción, la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos no solo afectan las finanzas públicas; impactan directamente en la vida cotidiana de las personas. Cada peso mal ejercido es una oportunidad perdida para mejorar servicios de salud, educación o acceso al agua. Cada dato oculto es una decisión que se aleja del escrutinio ciudadano.
Por ello, la transparencia no debe entenderse como un concepto técnico o una obligación administrativa, sino como una condición necesaria para el bienestar social. Cuando las personas tienen acceso a la información, pueden tomar mejores decisiones, exigir cuentas y participar de manera activa en la vida pública. En cambio, cuando la información se restringe o se fragmenta, lo que crece es la desconfianza.
A un año de la desaparición del organismo garante nacional, resulta inevitable preguntarnos qué tanto hemos avanzado (o retrocedido) en esta materia. La construcción de un nuevo modelo institucional ha traído consigo retos importantes: garantizar la continuidad de derechos, preservar herramientas como la Plataforma Nacional de Transparencia y, sobre todo, evitar que el acceso a la información se debilite en la práctica.
La felicidad, entendida como bienestar integral, no puede florecer en entornos donde prevalece la incertidumbre. Las sociedades más satisfechas con su calidad de vida son, en buena medida, aquellas donde existen instituciones sólidas, reglas claras y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. No es casualidad: la transparencia reduce la corrupción, mejora la eficiencia gubernamental y fortalece la confianza entre ciudadanía y autoridades.
Hoy, más que nunca, es necesario reivindicar el valor público de la información. No se trata únicamente de abrir datos, sino de garantizar que sean accesibles, útiles y oportunos. La transparencia debe traducirse en mejores políticas públicas, pero también en una ciudadanía más informada y participativa.
Desde la experiencia acumulada en la defensa de estos derechos, hay una convicción clara: los avances en materia de acceso a la información no son concesiones del poder, sino conquistas de la sociedad. Y como toda conquista, requieren vigilancia constante para no retroceder.
En el marco de esta conmemoración, vale la pena recordar que la felicidad no es un concepto abstracto ni un ideal inalcanzable. Se construye todos los días, desde lo público y lo privado, desde las decisiones individuales y las políticas de Estado. Apostar por la transparencia es, en ese sentido, apostar por una sociedad más justa, más equitativa y, sí, también más feliz.
Porque al final, una ciudadanía informada no solo es más libre: también tiene mejores condiciones para vivir con dignidad. Y ahí, precisamente, comienza la verdadera felicidad.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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