Zacatecas, Zac.- En el estado de Zacatecas, donde la despenalización del aborto fue celebrada como un triunfo histórico para los derechos de las mujeres, la realidad en los hospitales y clínicas contradice la ley. A pesar de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud que garantizan el acceso a la interrupción legal del embarazo como un servicio médico gratuito y seguro, las mujeres se topan con un sistema que las obliga a convertirse en sus propias proveedoras.
El Movimiento Feminista de Zacatecas ha documentado casos en los que, al acudir a unidades médicas como la UNEME de Urgencias Guadalupe, las pacientes reciben una respuesta inadmisible: no hay medicamentos, y si quieren proceder, deberán comprarlos por su cuenta.
Esta situación no solo viola el marco jurídico local y federal, sino también los tratados internacionales firmados por México y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen el aborto como un derecho fundamental. La falta de insumos médicos esenciales —como el misoprostol y la mifepristona— convierte en letra muerta una legislación que debería proteger la salud y la autonomía de las mujeres. Peor aún, al condicionar el servicio a la capacidad económica de las pacientes, el Estado reproduce desigualdades profundas: quienes no pueden pagar los fármacos quedan expuestas a riesgos mayores, incluyendo procedimientos inseguros.
El Movimiento Feminista no se limita a denunciar. Exige respuestas concretas: un abasto inmediato y permanente de medicamentos en todas las unidades de salud, una investigación rigurosa sobre los funcionarios que condicionan el acceso al servicio, y una campaña pública que informe a las mujeres zacatecanas sobre sus derechos y los lugares donde pueden ejercerlos. Además, reclama transparencia: que la Secretaría de Salud rinda cuentas sobre las acciones implementadas para cumplir con la ley.
La lucha por el aborto legal en Zacatecas no terminó con su aprobación legislativa. Las feministas lo saben bien: una ley sin presupuesto, sin insumos y sin voluntad política es solo un discurso vacío. Por eso, mientras las instituciones fallan, las redes de acompañamiento feministas —formadas años antes de que el Estado reconociera este derecho— siguen operando, asegurando que ninguna mujer quede desamparada. La advertencia del movimiento es clara: no habrá retrocesos. Si el gobierno estatal no actúa, la resistencia se hará más visible. Porque la dignidad, como gritan en sus consignas, no se mendiga. Se ejerce.
LNY/Redacción
