Zacatecas, Zac.- El diputado federal José Narro denunció una grave negligencia administrativa en Zacatecas tras detectar un subejercicio del 5% en la Secretaría de Educación durante 2025. El legislador acusó el descuento ilegal de salarios a maestras de los Cendis y advirtió sobre una parálisis institucional que afecta la comercialización agrícola y la solvencia financiera de los municipios del estado.
La problemática en el sector educativo se concentra en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), donde la Secretaría de Educación estatal (SEZ) aplicó una reducción del 5% en las remuneraciones del personal docente. Esta medida fue justificada bajo el compromiso de ampliar la cobertura alimentaria para los alumnos de 75 a 150 días anuales; sin embargo, los registros indican que solo se ejercieron los 75 días originales. Esta discrepancia ha generado un excedente de recursos que no fue destinado al fin declarado. Ante este escenario, se ha iniciado un proceso jurídico para exigir el reintegro de los fondos a las trabajadoras antes de que el gobierno estatal se vea obligado a devolver el capital a la Tesorería de la Federación por falta de aplicación. Zacatecas destaca como la única entidad del país que ha implementado este tipo de retenciones salariales.
Esta situación en los Cendis es el síntoma de una falla estructural en la gestión de los recursos públicos. La administración estatal muestra una incapacidad recurrente para ejercer fondos que ya han sido etiquetados, lo que deriva en retrasos en el pago de nóminas y el bloqueo de apoyos destinados a sindicatos como las secciones 34 y 58 del SNTE, el Cobaez, el SITTEZ y el Issstezac. La falta de una supervisión efectiva por parte de la contraloría y la omisión en la atención de conflictos laborales han deteriorado la operatividad institucional. El legislador federal ha vinculado estos subejercicios con posibles vulnerabilidades a la corrupción, mencionando paralelamente los señalamientos de cohecho que pesan sobre funcionarios de la Secretaría del Zacatecano Migrante.
En el ámbito agropecuario, la desconexión entre los reportes oficiales y la realidad operativa agrava la crisis de comercialización. Mientras los informes remitidos a la Presidencia de la República aseguran el funcionamiento pleno de 52 centros de acopio de granos, verificaciones en regiones como Tacoaleche confirman que múltiples instalaciones permanecen cerradas. Esta inactividad deja a los productores locales a merced del intermediarismo y de prácticas delictivas como el cobro de piso en la compra de frijol. Para mitigar este impacto, se ha propuesto el cierre estratégico de fronteras a la importación y la búsqueda de una normalización de precios que devuelva la competitividad al campo zacatecano.
La fragilidad financiera se extiende al nivel municipal, donde la insolvencia impide el cumplimiento de obligaciones patronales básicas. Localidades como Morelos y Pánfilo Natera han agotado sus fondos de infraestructura para cubrir gastos de nómina, reflejando una crisis de liquidez que compromete el desarrollo local. Esta cadena de ineficiencias administrativas y presupuestarias sugiere un uso de la estructura estatal con fines de proyección política, postergando soluciones de fondo a las demandas de los sectores productivos y de los trabajadores que sostienen el funcionamiento del estado.
LNY | Redacción