SAÚL MONREAL ÁVILA
En semanas recientes he sostenido, con plena responsabilidad y respaldo en los hechos, que la extorsión en Zacatecas ha alcanzado niveles alarmantes. No es una exageración afirmar que un gran porcentaje de la población, de todos los sectores productivos: agricultores, ganaderos, mineros, transportistas y pequeños comerciantes, se han visto afectados de una u otra forma por este delito. Lo hemos constatado no desde un escritorio, sino desde el territorio en los recorridos que hemos realizado por los municipios, hemos escuchado testimonios de hombres y mujeres que han sufrido la amenaza de gente que condiciona su trabajo, su producción y, en muchos casos, su tranquilidad.
Frente a esta realidad, negar o minimizar el problema es una irresponsabilidad, las autoridades locales pueden argumentar que no hay denuncias suficientes, pero ese silencio no refleja inexistencia del delito, sino miedo; el temor a las represalias ha convertido a la extorsión en un crimen silencioso, que erosiona la confianza social y asfixia la economía regional. Por eso, la respuesta no puede ser la negación, sino la acción decidida del Estado mexicano.
En este contexto, la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Extorsión representa un avance histórico, esta norma, impulsada desde el Senado de la República, tiene por objetivo homologar los tipos penales en todas las entidades federativas, fortalecer los mecanismos de investigación y sancionar con mayor rigor a quienes cometan este delito.
La exposición de motivos del dictamen revela datos preocupantes, en México, la extorsión ha crecido más del 30 % en los últimos cinco años, y de acuerdo con el INEGI, solo una de cada diez víctimas presenta denuncia formal, esto significa que la cifra negra supera el 90 %, una tendencia que se replica en Zacatecas.
La nueva ley prevé sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes realicen actos de intimidación con fines económicos, y penas agravadas cuando el delito se cometa por servidores públicos o integrantes del crimen organizado. Además, crea un Sistema Nacional de Información sobre Extorsión, que permitirá compartir datos entre las fiscalías locales y federales, y fortalecer la trazabilidad de las investigaciones. Este instrumento será clave para detectar patrones y desarticular las redes que operan en el país.
Nosotros consideramos que esta ley responde a una exigencia legítima de la sociedad a vivir sin miedo, esto no es una bandera política, sino de una causa colectiva. Los zacatecanos merecen un marco jurídico que castigue a quienes lucran con el trabajo ajeno y que proteja a quienes generan desarrollo en condiciones adversas, no hagamos caso ya, a las mentiras de la derecha, a ellos no les importa el país ni tu seguridad, a ellos les importa solo generar caos.
La extorsión además de que lesiona el patrimonio de las familias, también amenaza la gobernabilidad y la estabilidad económica de los estados y del país. Por eso, reiteramos una vez más, este es el momento de cerrar filas. Con la aprobación de esta ley y con la coordinación entre los tres niveles de gobierno, México y Zacatecas pueden comenzar a revertir una de las formas más crueles y desesperantes de sometimiento social, y es que no basta con reconocer el problema, tenemos que enfrentarlo con decisión, justicia y esperanza como lo hacemos hoy.
Sobre la Firma
Periodista crítica, editora y activista feminista.
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