Ciudad de México.- La diputada federal Fuensanta Guerrero solicitó a la Secretaría de Educación Pública la creación de un protocolo nacional coordinado con redes sociales para detectar desafíos violentos en escuelas. El exhorto, presentado en la Cámara de Diputados, surge tras amenazas de tiroteos en planteles de seis estados, buscando prevenir crisis emocionales y garantizar la seguridad física del alumnado.
El planteamiento de la legisladora del PRI ante la máxima tribuna del país exige una respuesta institucional inmediata frente a fenómenos digitales que, lejos de ser bromas inofensivas, alteran el orden público y la salud mental de las comunidades escolares. La propuesta demanda que la Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca lineamientos claros de prevención, atención y reacción ante amenazas de violencia que se originan o difunden en plataformas digitales.
La relevancia de esta iniciativa radica en la vulnerabilidad de las instituciones ante desafíos como el denominado “Tiroteo mañana”, que recientemente provocó el desalojo de planteles y la suspensión de actividades en estados como Zacatecas, Durango, Nuevo León y la Ciudad de México. En la Secundaria Técnica número 34 de Zacatecas, el hallazgo de un mensaje intimidatorio en un área común desató incertidumbre, evidenciando la falta de mecanismos estandarizados para procesar estas crisis sin normalizar la violencia.
El conflicto escaló a un nivel en el que los intereses en juego afectan directamente el derecho a la educación y el bienestar emocional de los estudiantes. Guerrero enfatizó que el protocolo debe incluir programas de acompañamiento psicológico para docentes y familias, reconociendo que el impacto de estos retos trasciende lo digital para convertirse en un problema de seguridad pública.
Las implicaciones políticas de este exhorto obligan a las autoridades educativas y de seguridad a colaborar con las empresas tecnológicas para identificar patrones de riesgo antes de que se traduzcan en tragedias. La normalización de escenarios violentos entre las nuevas generaciones representa un deterioro de la confianza en el sistema educativo, lo que exige una fiscalización rigurosa de los hechos ocurridos en entidades como Zacatecas para evitar la impunidad.
LNY | Redacción