Ciudad de México.- La senadora Amalia García Medina presentó ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Legislatura de Zacatecas a derogar la reciente reforma a la Ley del Notariado, que faculta al Ejecutivo estatal para otorgar patentes de forma directa. La modificación, publicada el 18 de diciembre tras una votación dividida, elimina el examen de oposición como vía exclusiva de acceso, lo que la legisladora y el Colegio de Notarios califican como un riesgo para la seguridad jurídica.
El eje del conflicto radica en la alteración de los artículos 9, 50 y la creación del 66 Bis de la legislación local. Bajo este nuevo marco, el gobernador podrá designar directamente hasta a cuatro notarios —dos hombres y dos mujeres— por mandato, bajo el argumento de necesidad del servicio. La reforma introduce un “periodo de gracia” de 20 meses para que los beneficiarios acrediten su profesionalización y adecuen sus oficinas después de haber recibido la patente, una medida que contraviene los estándares del Notariado Latino, donde la capacidad técnica debe ser previa al ejercicio de la fe pública.
La senadora García Medina sostiene que este cambio normativo representa un retroceso institucional que politiza una función técnica esencial para el patrimonio de las familias. Zacatecas, que desde 2006 se consideraba un referente nacional por exigir exámenes de oposición transparentes, enfrenta ahora una posible crisis de confianza en la validez de testamentos y contratos. Según la postura de la bancada de Movimiento Ciudadano, la designación directa vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de los juristas capacitados que quedan excluidos de una competencia abierta y técnica.
El Colegio de Notarios del Estado ha manifestado su preocupación ante lo que consideran un compromiso de la independencia notarial frente al poder político. Aunque la ley les asigna la tarea de vigilar el calendario de estudios de los nuevos designados, la institución alerta sobre la falta de evaluación previa. Este choque institucional ocurre en un clima de tensión en el Estado, marcado por críticas gubernamentales al Poder Judicial y movilizaciones sociales, mientras la Comisión Permanente analiza si el exhorto nacional logrará revertir la normativa estatal.
LNY | Redacción