Zacatecas, Zac.- El diputado federal Ulises Mejía Haro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de combatir el abuso sexual infantil en México. La propuesta surge en respuesta a la crisis de violencia sexual contra menores, que ha registrado un aumento del 1,139% en casos atendidos entre 2010 y 2023, según cifras oficiales.
La iniciativa plantea dos medidas centrales. La primera consiste en establecer la prisión preventiva oficiosa para imputados por abuso sexual contra menores, eliminando la posibilidad de que enfrenten el proceso en libertad. Esto se lograría mediante la adición de un párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal, que señalaría: “Tratándose de este delito, la persona imputada no podrá enfrentar su proceso en libertad, debiendo imponerse prisión preventiva oficiosamente en todos los casos en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una conducta que atenta gravemente contra la integridad, dignidad y el interés superior de los menores.”
La segunda medida obligaría a instituciones públicas y privadas que trabajen con menores —como escuelas, centros deportivos, culturales y de salud— a exigir a su personal una constancia periódica de no antecedentes penales por delitos sexuales. Esta disposición se incorporaría mediante el artículo 49 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el siguiente texto: “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como las personas físicas o morales que presten servicios educativos, deportivos, culturales, recreativos, de salud, asistencia social o cualquier otro que implique contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, deberán requerir a su personal, previo a su contratación y de manera periódica, una constancia de no antecedentes penales por delitos de abuso sexual, corrupción de menores, trata de personas, pornografía infantil o cualquier otro que atente contra la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad. La emisión de dicha constancia será gratuita para efectos de este artículo y deberá ser expedida por la autoridad competente del fuero federal o local, según corresponda.”
Mejía Haro fundamentó la urgencia de la reforma en datos alarmantes: en 2023, más de 9,800 menores fueron atendidos por violencia sexual, de los cuales el 92.3% fueron niñas. El legislador subrayó que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, según organismos internacionales, y destacó que muchos casos ocurren en entornos que deberían ser seguros, como hogares y escuelas.
La iniciativa se alinea con compromisos internacionales asumidos por México, en particular con la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que exige medidas efectivas para prevenir y sancionar el abuso. Además, busca impedir que personas con antecedentes por delitos sexuales trabajen en áreas de contacto con menores.
El diputado zacatecano enfatizó que la protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier otro interés y que esta reforma forma parte de su agenda legislativa en materia de seguridad y derechos humanos. “Estamos legislando por la esperanza de México, y no hay mayor esperanza que la niñez protegida”, concluyó.
LNY/Redacción
