Zacatecas, Zac.- Siete días de movilizaciones de productores de frijol y de la Unión de Pozos Agrícolas han colapsado los accesos a la capital de Zacatecas y las sedes institucionales. La irrupción en la LXV Legislatura y el plantón indefinido en la Plaza de Armas escalan un conflicto que amenaza con boicotear el Festival Cultural ante la falta de acuerdos.
La crisis social en la entidad ha alcanzado un punto de inflexión este martes. Lo que comenzó como una exigencia técnica por precios de garantía se ha transformado en un cuestionamiento integral a la gestión de los programas federales de acopio. Los agricultores denuncian una administración discrecional y presuntamente corrupta en el organismo Alimentación para el Bienestar, sucesor de Segalmex. El núcleo del reclamo señala a Ángel Oláis Ávila, jefe de la Unidad Operativa, a quien acusan de reducir arbitrariamente el volumen de compra de 15 a solo cinco toneladas por pequeño productor, una medida que contraviene las reglas de operación vigentes y asfixia la economía rural.
Esta restricción técnica tiene consecuencias económicas directas: miles de toneladas de cosecha quedan fuera del circuito comercial institucional, forzando a los productores a malvender su grano a intermediarios, práctica conocida como “coyotaje”. Las voces de liderazgos como Abraham Castro y Rubén Hernández exigen no solo la destitución de Oláis, sino una auditoría exhaustiva a un presupuesto federal de dos mil 160 millones de pesos. Según los manifestantes, solo una fracción mínima de estos recursos llega a los productores reales, mientras el resto se diluye en una estructura que favorece el intermediarismo. La saturación de las bodegas, donde aún permanece grano de la cosecha 2024, evidencia una falla logística que impide físicamente el ingreso del producto de 2025.
En un frente paralelo, la tensión se concentró en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la avenida Universidad. Allí, integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas, coordinados por Severiano Zamarrón, mantuvieron un bloqueo con tractores para exigir la regularización de concesiones hídricas vencidas. Este trámite administrativo es el único cauce para que cerca de 500 productores accedan al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) y obtengan subsidios de la Comisión Federal de Electricidad.
Sin estos permisos, la viabilidad del ciclo agrícola es nula: los productores enfrentan multas severas, sanciones penales y la imposibilidad de costear el riego de sus parcelas. La crítica se dirige con firmeza hacia Martina Rodríguez, delegada de la Segob, a quien acusan de incumplir los compromisos de mediación establecidos la semana anterior.
El conflicto se trasladó al pleno del Congreso del Estado, donde la sesión ordinaria fue interrumpida para permitir que los productores tomaran la tribuna. El debate parlamentario reflejó la fragmentación política ante la crisis. El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) advirtió sobre el riesgo de un éxodo rural masivo y propuso una comisión para localizar al gobernador David Monreal Ávila, cuya ausencia ha sido criticada.
Por su parte, el priista David González Hernández sugirió reorientar recursos del proyecto vial del “segundo piso” para financiar el acopio, propuesta que la diputada Georgia Miranda Herrera pidió tratar con cautela por el etiquetado de esos fondos. La polarización marcó la jornada: mientras Susana Barragán Espinoza, de Morena, instó a los campesinos a no dejarse instrumentar por la oposición, la diputada Imelda Mauricio Esparza fue abucheada por los manifestantes al intentar defender la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
A pesar de las diferencias, la Legislatura aprobó por unanimidad de 22 votos un punto de acuerdo para exhortar a la Federación, a través de la SADER y Segalmex, a ampliar los alcances del programa de acopio y precios de garantía. Sin embargo, para los manifestantes, este exhorto resulta insuficiente si no se acompaña de acciones punitivas contra la corrupción denunciada y soluciones técnicas inmediatas para los pozos de riego.
La parálisis logística en el bulevar metropolitano y los accesos estratégicos ha obligado a modificar rutas de transporte público, afectando la vida cotidiana de la zona conurbada. Con la advertencia de radicalizar las acciones en las casetas de cobro de Calera, Osiris y Vetagrande, el Gobierno estatal enfrenta una vulnerabilidad política crítica a pocos días de iniciar el Festival Cultural.
LNY | Redacción