MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
Ampliación de los derechos políticos electorales con perspectiva de género y acciones afirmativas: ejes fundamentales de la reforma electoral
Hoy estamos en la antesala de una Reforma Electoral de gran trascendencia que promete transformar de manera significativa nuestro sistema electoral en aspectos fundamentales, tales como el sistema de partidos, la representación popular, fiscalización, sistema de votación y de cómputos, propaganda, autoridades electorales, libertades políticas, entre otros. Sin embargo, esa reforma no debe elaborarse únicamente con la visión de los gobernantes, sino con la participación de la ciudadanía y de los distintos sectores de la población mexicana.
Uno de los aspectos fundamentales que debe contener esta reforma electoral es la ampliación de los derechos y libertades políticas de las mujeres y de los grupos históricamente discriminados. La consolidación de estos derechos fortalece la participación ciudadana y constituye la base de una democracia viva e incluyente, capaz de responder a las exigencias ciudadanas, sin arbitrariedades o abusos, sino con respeto, responsabilidad y compromiso democrático.
La ampliación de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en particular de las mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, migrantes, personas de la diversidad sexual, afromexicanas, jóvenes y de la tercera edad, les permitirá garantizar una participación más equitativa en la vida democrática del país, en igualdad de condiciones y sin discriminación. Para ello es indispensable impulsar más acciones afirmativas que corrijan desigualdades históricas que han limitado su participación en las elecciones y en la toma de decisiones.
En este sentido, la Reforma Electoral que se impulsa desde la Presidencia de México, debe contemplar medidas jurídicas transitorias, proporcionales, razonables y objetivas en favor de estos grupos, orientadas a modificar situaciones fácticas que les impiden, obstaculizan, niegan o restringen el ejercicio de sus derechos y libertades políticas, así como la posibilidad de acceso y participación en igualdad de circunstancias en los próximos procesos electorales. La participación de estos grupos debe ser en un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales y reconociéndoles como parte fundamental de la pluralidad y diversidad de nuestro México.
Por lo tanto, deben incrementarse los espacios de representación popular para estos grupos históricamente discriminados, tanto de representación proporcional como de mayoría relativa, en relación con el porcentaje que representan de la población total en México.
Asimismo, es necesario establecer mecanismos eficientes que impidan que los espacios destinados a estos grupos sean ocupados indebidamente por personas ajenas, quienes, sin acreditar pertenencia a estos grupos, se atreven a ocupar una curul, dejando sin una representación auténtica y legitima a dichos grupos en los espacios de decisión pública. Lamentablemente en la actual legislatura federal algunos diputados ocupan espacios que no les corresponde.
La ampliación de los derechos político-electorales de las mujeres reviste una importancia fundamental, al reconocerlas como seres humanos con plena dignidad y titulares de derechos en igualdad de condiciones con los hombres. Por ello, la actualización del marco jurídico para ampliar esos derechos constituye un acto de reconocimiento, respeto y protección hacia las mujeres. Esta actualización garantizará la participación efectiva de las mujeres en la vida política, fortalecerá el estado de derecho, el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y contribuirá a la consolidación de una democracia genuinamente representativa e inclusiva.
Lo anterior, considerando que en el presente sexenio contamos con la primera presidenta de la República, así entonces, esta Reforma Electoral debe diseñarse e implementarse con perspectiva de género, traduciéndose en un avance sustancial en el reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.
Garantizar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres no deben quedar en discurso político, sino traducirse en reformas concretas que obliguen a los partidos políticos:
a destinar el 50% de su financiamiento total a las candidaturas de las mujeres; brindar apoyo real en recursos humanos y materiales; asegurar el acceso de las mujeres a radio y televisión; garantizar que las mujeres candidatas designen representantes en órganos electorales y de mesas directivas de casillas, así como establecer sanciones efectivas frente a la violencia política contra las mujeres por razones de género.
Si no se les garantiza a las mujeres y a los grupos históricamente discriminados, sus derechos políticos electorales y libertades políticas, entonces no podría hablarse de democracia plena en México.
Sobre la Firma
Abogada defensora de derechos y democracia.
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