Zacatecas, Zac.- La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enviará este lunes al Congreso de la Unión una reforma denominada Plan B para imponer topes presupuestales a legislaturas estatales y cabildos. La iniciativa busca eliminar privilegios financieros mediante criterios de población y eficiencia, tras revelarse que en Zacatecas cada diputado representa un costo operativo anual de 12.2 millones de pesos.
Esta medida surge como una respuesta institucional tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados y sitúa al Poder Legislativo de Zacatecas bajo un estricto escrutinio público. Aunque la entidad ocupa la posición 19 en el gasto legislativo per cápita nacional —lejos de los 30 millones de pesos que promedian estados como Baja California o Michoacán—, su costo operativo duplica el de entidades como Colima o Campeche.
El análisis financiero de la Presidencia de la República detalla que, si bien estos 12.2 millones de pesos no integran exclusivamente el salario del representante, sí sostienen una estructura de personal, servicios administrativos y gastos de funcionamiento que el Ejecutivo federal califica como excesiva y desconectada de la realidad social del país.
Para el ejercicio fiscal de 2026, el Congreso de Zacatecas cuenta con un presupuesto aprobado de 537 millones de pesos. De este total, 366.1 millones se destinan directamente a la labor legislativa, mientras que 170.9 millones corresponden a la Auditoría Superior del Estado. Resulta relevante que, al margen de las tareas de fiscalización, los diputados locales autorizaron un incremento de 20 millones de pesos para su propia operación en comparación con el año anterior. Este aumento presupuestal en un contexto de austeridad nacional profundiza el conflicto entre la autonomía financiera de los estados y la política de racionalización del gasto impulsada desde el centro.
La reforma no se limita a las capitales estatales, sino que impactará directamente en la composición y percepciones de los ayuntamientos. La Presidencia ha denunciado la existencia de bonos y apoyos extraordinarios en los cabildos que permiten a ciertos regidores percibir ingresos reales de hasta 500 mil pesos mensuales, superando el salario de la titular del Ejecutivo federal. El Plan B pretende corregir estas asimetrías mediante mecanismos técnicos que vinculen el presupuesto de los cabildos al tamaño de la población y a las funciones estrictas de los síndicos y regidores, evitando estructuras administrativas que no guardan proporción con las necesidades municipales.
El destino de los recursos obtenidos mediante estas medidas de contención no será absorbido por la Hacienda federal. El proyecto establece que los ahorros generados permanecerán en Zacatecas y sus municipios, con la obligación de etiquetarlos prioritariamente para obra pública y servicios básicos. La infraestructura de drenaje, el abastecimiento de agua potable y los programas de bacheo aparecen como los sectores receptores de este capital excedente. Con esta estrategia, el Gobierno federal traslada la presión política a los legisladores locales, bajo la premisa de que la oposición a esta reforma representaría una defensa directa de los privilegios financiados con recursos públicos.
LNY | Redacción