Zacatecas, Zac.- Una escalada en las protestas de los trabajadores de la Secretaría de Salud de Zacatecas ha provocado el bloqueo intermitente de cuatro rutas federales estratégicas. Los manifestantes, encabezados por la Sección 39 del sindicato nacional, exigen al Gobierno de David Monreal Ávila el pago de un programa de profesionalización que adeuda 50 millones de pesos a 300 especialistas sanitarios.
La crisis de movilidad afecta las conexiones clave con los Estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango y Jalisco. Los cortes de tráfico, aunque intermitentes —con aperturas de 15 minutos por cada media hora de cierre—, se localizan en puntos neurálgicos como el puente El Jorobado en Fresnillo y las Unidades Regionales de Seguridad en Malpaso, Arcinas y Osiris. Esta medida de presión es la culminación de un conflicto que se arrastra desde el pasado 7 de enero y que amenaza con prolongarse de manera indefinida ante la falta de acuerdos.
El núcleo de la disputa es de carácter financiero e institucional. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) reclama el cumplimiento del Programa Estatal de Profesionalización de Enfermería y Trabajo Social, un derecho laboral reconocido en convenios legales y en el Diario Oficial de la Federación. La dirigencia sindical, representada por Norma Angélica Castorena Berrelleza, sostiene que la administración estatal cuenta con viabilidad financiera para cubrir los 50 millones de pesos adeudados, señalando un incremento presupuestal de más de 100 millones de pesos en la partida U013 para este ejercicio fiscal.
Por el contrario, el Gobierno de Zacatecas ha evitado el desembolso y califica las movilizaciones como un movimiento con trasfondo político. Esta postura ha sido interpretada por los trabajadores como una estrategia de deslegitimación para evadir responsabilidades administrativas en un momento crítico: la transición de los servicios de salud estatales hacia el modelo federal IMSS-Bienestar. El sindicato denuncia que el Ejecutivo estatal pretende traspasar la deuda a la nueva institución federal, creando un vacío legal que vulnera la seguridad jurídica de 288 enfermeras y 12 trabajadoras sociales antes del cambio de sus plazas al esquema federal.
La tensión institucional ha escalado hasta el Gobierno de México. Ante el estancamiento de las negociaciones locales, el sindicato ha solicitado la intervención de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que actúe como mediadora y garantice la gobernabilidad en la entidad. Mientras tanto, el respaldo social al movimiento se ha ampliado con la adhesión de figuras como el líder minero Carlos Pavón y sectores del Parlamento Campesino, lo que aumenta la presión sobre la administración de Monreal.
Ante la falta de una convocatoria formal y precisa al diálogo por parte de la Secretaría de Salud estatal, los trabajadores han anunciado para este miércoles una jornada de “brazos caídos” en cinco hospitales generales y 12 comunitarios. El personal se presentará en sus puestos pero solo atenderá urgencias y medicina crítica, suspendiendo las consultas externas. Los sanitarios insisten en que no demandan privilegios, sino el respeto a la legalidad y a la profesionalización de su labor en un sistema de salud ya tensionado por la transición administrativa.
LNY | Redacción