Zacatecas, Zac.- La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Renata Ávila Valadez, exigió que el Gobierno estatal aclare la situación real del parque vehicular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, luego de que trabajadores operativos denunciaran que unidades anunciadas oficialmente como entregadas no han sido puestas a su disposición.
En asuntos generales de la sesión, la legisladora retomó los cuestionamientos que planteó durante la glosa del Quinto Informe de Gobierno sobre las condiciones de la corporación: vehículos deteriorados, equipamiento insuficiente, uniformes desgastados y demandas laborales pendientes. Señaló que las declaraciones oficiales sobre la compra y entrega de unidades contrastan con los testimonios de quienes atienden a diario incendios, accidentes y rescates. “¿De qué sirve una fotografía oficial, un comunicado de prensa o una ceremonia de entrega si las condiciones materiales de trabajo no cambian?”, cuestionó.
Ávila Valadez advirtió que el problema va más allá de Protección Civil, pues pone en duda la calidad de la información que los funcionarios presentan en sus comparecencias ante el Congreso. Sostuvo que esos actos no son ceremonias de cortesía política, sino ejercicios de rendición de cuentas. Por ello pidió que las autoridades acrediten con documentos cuántas unidades se adquirieron, cuándo se entregaron, dónde están, a qué áreas se asignaron y si pueden atender emergencias.
La diputada defendió el derecho de los trabajadores a denunciar sus condiciones laborales sin represalias por contradecir las versiones de sus superiores. Llamó a sus compañeros del Congreso a dar seguimiento a las comparecencias, investigar las contradicciones y, si se comprueba que se entregó información falsa, determinar responsabilidades. También pidió garantizar los recursos necesarios en el presupuesto 2027.
Ávila Valadez afirmó que se trata de un asunto de seguridad laboral y de protección ciudadana, no solo administrativo o presupuestal. Lamentó que el personal de la dependencia no haya recibido incrementos salariales por ser considerado de confianza, situación que calificó como una injusticia. “No está bien que quienes arriesgan el pellejo no puedan gozar de condiciones dignas para trabajar”, concluyó.
El planteamiento queda sin respuesta oficial en la información disponible. La verificación documental que exige la legisladora, sobre adquisición, entrega y asignación de las unidades, será clave para contrastar el discurso institucional con las condiciones que denuncian los trabajadores.
LNY | Redacción