Zacatecas, Zac.- El Pleno de la LXV Legislatura de Zacatecas aprobó una reforma a la Ley del Notariado que permite al Ejecutivo designar hasta cuatro notarios de forma directa, pese al sistema de oposición, lo que detonó un conflicto político y jurídico entre la mayoría legislativa, el gobierno estatal y el gremio notarial, que acusa discrecionalidad y riesgo a la seguridad jurídica.
La Legislatura local avaló el dictamen con 15 votos a favor y 10 en contra, tras una propuesta presentada por la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo. La mayoría parlamentaria sostuvo que la reforma busca fortalecer la eficiencia del servicio notarial y modernizar su operación bajo criterios legales definidos.
La modificación mantiene la figura extraordinaria que faculta al titular del Poder Ejecutivo para designar directamente a dos notarias y dos notarios durante su mandato, siempre que exista necesidad del servicio. El texto aprobado establece que el acceso ordinario al notariado debe realizarse mediante exámenes de oposición, pero preserva la excepción como atribución gubernamental.
El dictamen ajustó el Artículo 66 Ter para exigir que las personas beneficiadas por este mecanismo acrediten al menos cinco años de ejercicio profesional contados desde la expedición de la cédula. La reforma incluyó además el Artículo 66 Bis, que permite otorgar una patente notarial con un periodo posterior de preparación de hasta 20 meses, punto que detonó mayores críticas.
El Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano rechazaron de manera frontal la reforma. Ambas organizaciones calificaron el cambio como un retroceso histórico que vulnera la seguridad jurídica y debilita la independencia técnica de la función notarial, considerada un pilar del Estado de Derecho.
El gremio notarial advirtió que la sustitución del examen de oposición por designaciones directas degrada la fe pública y somete al notario a una relación de dependencia política. Los notarios señalaron que permitir el ejercicio sin evaluación técnica compromete la validez de escrituras, contratos y testamentos, con impacto directo en el patrimonio de las familias.
Jaime Casas Madero, presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas, solicitó al gobernador David Monreal Ávila que ejerza su facultad constitucional de veto. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano pidió frenar el decreto para evitar el retorno de los llamados “notarios del sexenio”. Ricardo Vargas, presidente del organismo nacional, sostuvo que la seguridad jurídica no admite excepciones sujetas a criterios políticos.
Los notarios reprocharon la ausencia de estudios técnicos que justifiquen nuevas patentes, como un mapa de saturación notarial o análisis de carga de trabajo. El gremio afirmó que la modernización del notariado exige digitalización y eficiencia administrativa, no nombramientos sin sustento técnico. Las organizaciones anunciaron que analizan la vía del amparo en caso de publicación.
La oposición legislativa fijó una postura crítica durante la discusión. Los diputados Alfredo Femat Bañuelos, Carlos Peña Badillo y Ma. Teresa López García votaron en contra y alertaron sobre la eliminación de contrapesos institucionales. Peña Badillo, coordinador del PRI, afirmó que la reforma refleja un avasallamiento de la mayoría y lamentó que el Congreso ignorara la opinión de especialistas.
El Gobierno del Estado defendió la reforma a través del secretario general Rodrigo Reyes Mugüerza. El funcionario negó que el esquema implique asignaciones a dedo y afirmó que el marco aprobado establece reglas claras y mayor transparencia. Reyes Mugüerza sostuvo que la inconformidad responde a la ruptura de un estatus quo que convirtió las notarías en espacios de poder cerrado.
El debate local reactivó precedentes nacionales sobre designaciones discrecionales. En 2018, un juez declaró inconstitucionales 12 notarías otorgadas por el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, según resoluciones difundidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte ha sostenido que el acceso al notariado debe regirse por exámenes de oposición como vía única. En 2020, la ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó la necesidad de una Ley General del Notariado que erradique el influyentismo y limite la intervención directa de los gobernadores en la designación de fedatarios.
El caso Zacatecas se consolidó como un punto de tensión entre eficiencia administrativa y control político. El Congreso y el Ejecutivo defendieron la reforma como un cambio necesario, mientras el gremio notarial y la oposición advirtieron una degradación de la función técnica y un riesgo estructural para la seguridad jurídica del estado.
LNY | Redacción