Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar la Ley de la Economía Social y Solidaria para obligar a que los programas de fomento incluyan una perspectiva de género con metas verificables. La iniciativa presentada en el Senado busca corregir la exclusión financiera de las mujeres y fortalecer su liderazgo en proyectos productivos de zonas marginadas para asegurar su autonomía económica.
La propuesta legislativa surge como una respuesta necesaria ante la omisión histórica de criterios de igualdad sustantiva en el marco normativo del sector social de la economía. Aunque la legislación vigente reconoce este sector como un pilar del desarrollo nacional, carece de mecanismos específicos que garanticen el acceso equitativo a apoyos financieros, capacitación y espacios de toma de decisiones. La modificación planteada establece que las reglas de operación de la Secretaría del Bienestar y del Instituto Nacional de la Economía Social incorporen un enfoque transversal de desarrollo inclusivo y rendición de cuentas.
La relevancia de esta reforma se sustenta en la profundidad de la brecha económica actual. Datos del Banco de México señalan que las mujeres representan apenas el 30,6% de las empresas acreditadas y perciben solo el 24% del saldo del crédito empresarial. Esta disparidad se agrava por el hecho de que más de la mitad de la población femenina trabaja en el sector informal, lo que restringe su acceso a la seguridad social y a la estabilidad laboral. La propuesta busca democratizar el crédito y reducir la vulnerabilidad de las micro y pequeñas empresas donde se emplea la mayoría de las mujeres.
El proyecto de ley no se limita a la transferencia de recursos, sino que promueve el fortalecimiento institucional de los organismos encargados de la política económica. Al introducir mandatos para la inclusión de jóvenes, personas con discapacidad y comunidades indígenas, la reforma aspira a convertir la economía social en un motor real de sostenibilidad y equidad territorial. El enfoque propuesto exige que los emprendimientos liderados por mujeres cuenten con asesoría técnica, capital semilla y garantías financieras que hoy son de difícil acceso.
Las implicaciones de esta iniciativa trascienden la esfera administrativa para situarse en el centro de la justicia social. Al establecer metas medibles de participación y criterios de sostenibilidad ambiental, se pretende formalizar la economía comunitaria en áreas de alta marginación. El objetivo último es transitar hacia un modelo cooperativo que reconozca el trabajo solidario y familiar como un eje de crecimiento, garantizando que el progreso económico no deje fuera a quienes históricamente han sostenido la vida comunitaria del país.
LNY | Redacción