Ciudad de México.- La senadora mexicana Amalia García Medina condenó en el Congreso la ofensiva migratoria de Donald Trump, cuyas redadas masivas en 24 ciudades estadounidenses han detenido incluso al líder sindical Daniel Huerta. Operadas por la Guardia Nacional y el ICE, estas acciones evocan prácticas autoritarias: allanamientos sin orden judicial, familias separadas y deportaciones exprés.
“No es control migratorio, es persecución”, declaró la legisladora. Los números revelan la contradicción: los migrantes generan el 7% del PIB en California y sostienen industrias clave en Texas, donde hasta ganaderos republicanos rechazan las deportaciones. “Expulsarlos sería un suicidio económico”, advirtió.
La respuesta mexicana debe ser inmediata y contundente, según García Medina. El gobierno debe duplicar el presupuesto consular para defensa legal, exigir a EE.UU. pruebas de arraigo antes de deportaciones y negociar un tratado que reconozca las contribuciones fiscales de los indocumentados. La crisis escaló cuando el ICE allanó refugios religiosos en Chicago, violando protocolos internacionales.
Mientras la presidenta Sheinbaum busca mediación en el G7, el Senado mexicano prepara sanciones económicas selectivas contra estados promotores de las redadas. “La Constitución nos obliga a proteger a connacionales, haya o no frontera de por medio”, remarcó la senadora. Datos del Wilson Center confirman que 63% de las deportaciones carecen de revisión judicial.
Esta semana, doce cámaras empresariales estadounidenses se sumaron al reclamo por el caos en cadenas de suministro. El conflicto marca un punto de inflexión: México ya no puede limitarse a notas diplomáticas cuando seis de cada diez deportados son víctimas de errores en identificaciones. La propuesta de pasaportes biométricos binacionales gana apoyo tras revelarse que 214 mexicanos fueron confundidos con criminales en los operativos.
LNY/Redacción
