Zacatecas, Zac.- Productores organizados de Zacatecas, agrupados como Galifrijoleros y encabezados por Fernando Galván Martínez, exigieron en un pronunciamiento que se respete el precio de garantía del frijol de 27 mil pesos por tonelada. También pidieron reactivar apoyos federales y atender las pérdidas por sequía, que según ellos alcanzan 100 mil hectáreas.
De acuerdo con el documento, el sector enfrenta un aumento constante en los costos de producción, lluvias insuficientes y condiciones adversas que comprometen la producción de alimentos. A partir de ese diagnóstico, los productores presentaron cuatro demandas: comercialización del frijol, reactivación del programa Producción para el Bienestar, apoyos emergentes por sequía y un subsidio permanente al diésel agrícola.
En materia de comercialización, los productores rechazan cualquier reducción del precio a 20 pesos por kilogramo, lo que significaría una baja cercana al 26 por ciento frente a los 27 pesos por kilogramo que equivalen al precio de garantía. Sostienen que ese ajuste afectaría gravemente la economía de las familias productoras. Piden además mantener el volumen de recepción de 15 toneladas por productor, argumentando que los costos de mano de obra, diésel e insumos siguen al alza.
El pronunciamiento también cuestiona los requisitos para acceder a los esquemas de comercialización. Los productores solicitan que el acta de nacimiento sea únicamente legible y válida, sin exigir una antigüedad menor a tres meses, y que no se pidan las coordenadas geográficas de sus domicilios, por la preocupación asociada a la inseguridad. Señalan que los trámites tardan en promedio hasta 90 minutos cuando existe contrato de arrendamiento y unos 40 cuando no lo hay, por lo que piden modernizar los sistemas informáticos, contratar más personal y garantizar un trato digno en los centros de acopio. Reclaman, asimismo, que se den a conocer de inmediato las reglas de operación, que los centros de acopio abran al cien por ciento y que se autoricen las solicitudes ya entregadas para habilitar bodegas como centros de acopio.
Los productores piden además que el frijol no sea vendido a intermediarios regionales, conocidos como coyotes, y que se realice de manera urgente el desfogue de las bodegas para facilitar la comercialización de la cosecha.
Respecto al programa Producción para el Bienestar, antes conocido como Procampo, exigen su reactivación inmediata y que las ventanillas abran en noviembre. Afirman que miles de productores quedaron excluidos por trámites excesivamente burocráticos y que muchos no recibieron el apoyo de fertilizantes por obstáculos en el proceso de validación. Piden que ambos programas operen de manera independiente, porque, explican, cuando se niega uno también se pierde el acceso al otro, y los agricultores se quedan sin recursos para preparar sus tierras.
Sobre la sequía, el documento indica que durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Plaza de Armas de Zacatecas se le entregó personalmente una solicitud para establecer un programa emergente en el ciclo agrícola actual. Según los productores, las pérdidas se deben a la falta de lluvias asociada al fenómeno de El Niño. Estiman que en el estado existen alrededor de 650 mil hectáreas de temporal, de las cuales se sembraron cerca de 450 mil, y que unas 100 mil resultaron afectadas por una sequía de más de 40 días. Por ello piden un seguro catastrófico para las superficies dañadas, programas de empleo temporal para las familias productoras y apoyos extraordinarios para adquirir diésel agrícola.
La cuarta demanda busca un subsidio suficiente y permanente al diésel agrícola en cada ciclo, con cobertura ampliada a pequeños y medianos productores, para reducir los costos de preparación de tierras. Los productores sostienen que esta medida es necesaria para garantizar la producción de alimentos y fortalecer la soberanía alimentaria.
El pronunciamiento concluye con un llamado a los distintos órdenes de gobierno para atender las demandas de manera inmediata y efectiva, a fin de garantizar la viabilidad de la actividad agrícola y el bienestar de miles de familias campesinas. Hasta el momento, el documento no incluye una respuesta de las autoridades a los planteamientos.
LNY | Redacción

