Zacatecas, Zac.- Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas y pequeños productores denunciaron este martes irregularidades y suficiencia presupuestaria en el programa federal de precios de garantía. La limitación del cupo autorizado y la falta de intervención estatal han desplazado a cientos de familias campesinas, quienes enfrentan prácticas de intermediarismo y favoritismo en los centros de recepción de la entidad.
La problemática radica en una desconexión estructural entre la producción real y la capacidad de absorción del Estado. Mientras la cosecha anual en Zacatecas supera las 350 mil toneladas, el esquema de Seguridad Alimentaria Mexicana solo autorizó inicialmente 80 mil, un volumen que los productores advirtieron como insuficiente desde el inicio del ciclo. Esta brecha ha generado un cuello de botella que, según los afectados, es aprovechado por gestores externos y “coyotes” para adquirir el grano a precios inferiores, dejando fuera del beneficio institucional a los agricultores con menores recursos de municipios como Pánuco, Villa de Cos, Fresnillo y Pinos.
La tensión en el campo zacatecano se ha trasladado a las instituciones. Representantes del movimiento se desplazaron a la Ciudad de México para entregar una solicitud formal a la Presidencia de la República, exigiendo una ampliación real del programa y reglas de operación transparentes. Los productores critican la opacidad en el anuncio de una extensión de ocho mil 500 toneladas adicionales, de la cual desconocen los criterios de aplicación y las zonas beneficiadas. A diferencia de lo ocurrido en estados vecinos como Chihuahua y Durango, donde los gobiernos locales han implementado apoyos complementarios, el sector agrario de Zacatecas señala un abandono por parte de su administración estatal ante el colapso del sistema de acopio.
La insuficiencia del programa no solo tiene repercusiones económicas, sino que ha fracturado la cohesión social en las comunidades rurales. En puntos como el centro de acopio de Santa Rita, la exclusión de productores ha derivado en confrontaciones directas. Roberto González Jaramillo, productor de Sauceda de la Borda, advierte que la escasez de cupos y la intervención de grupos ajenos, que han recurrido al bloqueo de oficinas públicas como el SAT y la CFE, han agravado la división interna. El sector campesino exige una reforma profunda en la organización del acopio para evitar que un programa de vocación social termine concentrando la riqueza en manos de intermediarios, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de miles de familias que dependen exclusivamente del cultivo de leguminosas.
LNY | Redacción