JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En días recientes se ha observado, con mayor y creciente preocupación, la exposición indebida de datos personales de diversas personas en espacios públicos y digitales. La revelación de información sensible (como nombres, domicilios o datos familiares) no solo es indebida, sino una práctica inaceptable que vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la integridad de quienes se ven afectados.
La situación se agrava cuando estas filtraciones provienen de autoridades o sujetos obligados, quienes tienen, por mandato de ley, la responsabilidad de resguardar dicha información. Esta conducta contraviene directamente la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección de la vida privada.
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante un mandamiento escrito y fundado de autoridad competente. Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como a su acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo que determine la ley.
La exposición de información sin justificación legal, sin consentimiento y sin medidas de seguridad constituye una violación constitucional que no solo vulnera derechos, sino que también erosiona la confianza ciudadana y debilita el Estado de derecho.
Las consecuencias de estas prácticas son particularmente preocupantes. Se han registrado casos en los que las personas, tras ser exhibidas públicamente, han sufrido hostigamiento directo en sus domicilios, afectando gravemente a sus familias y llevándolas incluso a considerar abandonar el país para salvaguardar su integridad. Ninguna democracia puede permitirse normalizar este tipo de agresiones.
Es fundamental recordar que la protección de datos personales no es un simple trámite administrativo: se trata de un derecho humano, indispensable para garantizar la seguridad, la libertad y la dignidad de todas y todos.
Por ello, resulta urgente detener de inmediato cualquier filtración de datos personales, investigar y sancionar las conductas que vulneren la ley, fortalecer los protocolos de protección (especialmente en entornos digitales) y garantizar la reparación integral a quienes hayan sido afectados.
La legalidad y el respeto a la privacidad no son opcionales; son pilares esenciales de un país que aspira a vivir plenamente bajo un auténtico Estado de derecho.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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