Zacatecas, Zac.- La presidencialización del voto es el objetivo oculto. Carlos Peña Badillo, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Zacatecas, denunció que Morena intenta adelantar la consulta de revocación de mandato de 2028 a 2027, contraviniendo la Constitución. La maniobra, presentada bajo el falso argumento de ahorro y aumento de la participación, busca usar la figura de Claudia Sheinbaum para influir directamente en las elecciones concurrentes.
La propuesta del partido en el Gobierno, según Peña Badillo, representa un intento directo de manipular el proceso electoral. El ejercicio de revocación se encuentra calendarizado para 2028, conforme a la ley. Adelantar la fecha para hacerla coincidir con la jornada electoral de 2027 contraviene el Artículo 35 constitucional, ya que vincula artificialmente el voto de continuidad presidencial con el voto legislativo y local. Con ello, se intenta obligar a los electores a favorecer tanto al oficialismo como a la continuidad de su líder.
Morena teme perder su mayoría legislativa y el control en los comicios locales. El dirigente priista sostiene que la cúpula del partido oficialista, incluida Sheinbaum, reconoce el descontento social que permea en el país. Ante la posibilidad de una derrota, la imagen presidencial se utilizaría como palanca para arrastrar votos a favor de la agenda del partido y sus candidatos, forzando un voto en cascada.
El PRI defenderá la institucionalidad y la división de poderes en el Congreso. Peña Badillo enfatizó que el Grupo Parlamentario de su partido votará en contra de este intento. El rechazo se alinea con el espíritu federalista y la defensa de elecciones libres. El diputado también informó de su trabajo legislativo, destacando la necesidad de que las iniciativas aprobadas se dictaminen y publiquen. Existe un rezago que detiene la aplicación de leyes cruciales en salud, campo, educación y presupuestos, demostrando un sesgo en la visión de Estado que desatiende a la ciudadanía.
La pugna expone un debate más profundo: la delgada línea entre la consulta popular legítima y la instrumentalización política del poder para fines partidistas.
LNY | Redacción