JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Durante la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada recientemente, la organización lanzó una seria advertencia: en México, el acoso judicial se ha consolidado como un mecanismo de censura empleado por figuras del poder político para inhibir la crítica periodística.
Según el informe presentado, se ha detectado un uso sistemático y creciente de herramientas legales (como demandas por daño moral y la figura de violencia política de género) para presionar y silenciar a periodistas y medios de comunicación que investigan o cuestionan al poder.
El documento denuncia que el sistema judicial está siendo instrumentalizado para desincentivar el ejercicio periodístico crítico. Estas acciones no sólo buscan castigar publicaciones específicas, sino que generan un efecto inhibidor más amplio: muchos periodistas optan por no tocar ciertos temas o evitar mencionar a determinados actores políticos por temor a enfrentar costosos y prolongados procesos legales.
“La ley se está utilizando no para proteger derechos, sino como un arma para castigar la libertad de expresión”, advierte la SIP. Este fenómeno no es exclusivo de México, pero preocupa particularmente por su frecuencia, el uso coordinado de recursos del Estado y la falta de protección institucional hacia la prensa.
El informe destaca el uso de la figura de violencia política de género (originalmente concebida para proteger a las mujeres en espacios públicos) como una vía para silenciar críticas legítimas hacia funcionarias. Si bien es una herramienta válida en casos reales de violencia, la SIP señala que en múltiples ocasiones ha sido invocada de forma cuestionable para censurar opiniones incómodas o desproporcionadas.
Por otro lado, las demandas por daño moral continúan siendo una herramienta recurrente para presionar económicamente a medios y periodistas, incluso cuando los casos no prosperan judicialmente.
Esta preocupación no se limita a México. En otros países también se observan restricciones cada vez más sutiles, pero igual de peligrosas, contra la prensa libre. Un ejemplo reciente ocurrió en Estados Unidos, donde varios periodistas abandonaron una sesión informativa en el Pentágono en protesta por nuevas limitaciones al acceso y cuestionamiento a funcionarios. El gesto fue interpretado como una defensa simbólica de la libertad de prensa frente a medidas que obstaculizan la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
Estos hechos, en distintas latitudes, confirman que la censura ya no siempre se ejerce a través del silencio impuesto, sino mediante obstáculos legales, restricciones de acceso o amenazas veladas.
¿Qué es la SIP? La Sociedad Interamericana de Prensa agrupa a medios y periodistas de todo el continente. En su pronunciamiento, la organización instó a las autoridades mexicanas a detener el uso abusivo del sistema judicial contra la prensa, proteger a los comunicadores y garantizar el acceso a la información pública sin represalias. Además, llamó a revisar y limitar el uso de figuras legales ambiguas que puedan ser empleadas para restringir la libertad de expresión de manera arbitraria.
La libertad de expresión, estrechamente vinculada con el derecho a acceder a la información pública, son derechos fundamentales que ninguna figura de poder puede restringir ni silenciar. La información no pertenece a los gobiernos ni a las élites políticas: le pertenece a la sociedad. En una democracia, nada ni nadie puede detener la verdad.
Porque por más presiones, demandas o amenazas, la verdad no se calla.
Los medios de comunicación son un pilar esencial para cualquier sociedad democrática. Pero más valiosos aún son los medios críticos, los objetivos, los que cuestionan al poder sin importar de dónde venga. A esos hay que escucharlos. A esos hay que defenderlos. Porque si lo que realmente queremos es conocer la verdad, necesitamos un periodismo libre, fuerte y con garantías para ejercer su labor sin miedo ni censura.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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