SARA LOVERA
La exigencia al gobierno de la República de la corriente feminista abolicionista para abrir el diálogo con la Secretaría de las Mujeres, responsable de la política de género en el país, incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, me inquieta profundamente porque vivimos una contradicción de carácter conceptual y político.
Se trata de una confrontación abierta que ha tenido consecuencias políticas y violentas en España y también en México. Es una contradicción cuando la política presidencial habla siempre de tiempo de mujeres: estas, la mitad de la población, colocadas en el centro de un gobierno presidido por una mujer.
Las feministas que surgieron en los años setenta critican a la presidenta porque en su discurso favorece el discurso mujerista —hablando de todas, las que pueden hacer lo que se les dé la gana— sin atender el fondo, ese que nos encaminaría al fin del patriarcado y de la opresión de las mujeres.
Este gobierno, en aras de promover la política de «inclusión», favorece a una corriente que busca borrar a las mujeres. Si una lee discursos, leyes y reglamentos, o simples boletines de prensa donde se habla de «persona» y no de su sexo, cuyo lenguaje es con la «e», confundiendo sexo con género, y que favorece incluso con cuotas de representación a «las y los diversos», entonces hay una velada intención de borrar a las mujeres, esas que ahora están en boca de todo mundo.
Según las abolicionistas, hay un desdén al reconocer la condición histórica de las mujeres: esas que son biológicamente mujeres, cuyos cuerpos posibilitan el embarazo; son las únicas gestantes, con características sexuales base histórica de su exclusión y discriminación, y el poder de los hombres que ponen obstáculos al reconocimiento de la humanidad de las mujeres.
Por ello, nombrarlas sin hondura pareciera fomentar exactamente lo contrario.
Son las abolicionistas la corriente que enfrenta directamente al patriarcado, ese que cosifica y reduce a las mujeres, con acciones concertadas a la explotación de su cuerpo sexuado, favorece la trata y la prostitución, explota el sexo femenino a tal grado que deshumaniza a niñas y mujeres.
Las abolicionistas han puesto el dedo en la llaga en todo el mundo. Es inaceptable pensar en la venta de bebés cuando se intenta regular los vientres de alquiler y cuando se fomenta la antigua feminidad. Detrás privan intereses inconfesables, económicos para lucrar con el cambio de sexo, por ejemplo; fomentan la «percepción o el deseo» y restringen la obligación del Estado de garantizar los derechos de las mujeres. Es bueno saber que la libre opción sexual es uno de los ejes de respeto y defensa de los derechos humanos del feminismo contemporáneo.
Las abolicionistas están abiertamente en contra de considerar a la prostitución como un trabajo más; combaten por principio la venta del cuerpo humano, denuncian el borrado de las mujeres, que este gobierno ya lo hace en leyes, reglamentos y lenguaje, bueno hasta en los boletines de prensa de la CNDH.
La reciente marcha del sábado pasado, pacífica y festiva, fue inusualmente «resguardada» por un operativo policiaco sorprendente: las policías eran el doble de las manifestantes, tal vez por romper el silencio.
Creo que dentro del gobierno no hay claridad; por eso dialogar, analizar, entender y confrontar con ideas y razonamiento urge.
Las peticiones son muy claras: que el Congreso prohíba expresamente regular los vientres de alquiler; que no se fomente la trata y la prostitución; que se garanticen los derechos de las mujeres —ganados a cuenta gotas— y que para todas el Estado garantice sus derechos. Sin confundirnos. Yo pienso que es más barato otorgar atención y dinero a pequeños grupos de la diversidad que a más de 45 millones de mujeres y niñas. Pienso que ahí está el problema. Veremos.
Sobre la Firma
Periodista crítica, editora y activista feminista.
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