JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El mes de junio es más que banderas multicolores, desfiles y consignas, es un recordatorio profundo de la lucha por el reconocimiento, la inclusión y la dignidad de quienes integran la comunidad LGBT+. El Día del Orgullo, que se celebra el 28 de junio, conviene hablar no sólo de los avances legislativos o simbólicos, sino de dos derechos clave que muchas veces se ignoran, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales.
Ambos son fundamentales para garantizar una vida libre de discriminación. El primero permite conocer si existen políticas públicas reales para la inclusión; el segundo protege la intimidad frente a contextos sociales que, aún hoy, pueden ser hostiles. Y es que, aunque se hable de progreso, los datos muestran que aún estamos lejos de una equidad plena.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI, el 28.1 % de las personas LGBT+ en México declaró haber sido discriminada por su orientación o identidad. En el caso de las personas trans, ese porcentaje asciende al 44.5 %[1]. Estos datos no sólo retratan una realidad preocupante, sino que son posibles gracias a mecanismos institucionales de recolección y difusión de información pública. Sin estos datos, la violencia queda en la anécdota; con ellos, se vuelve exigencia de cambio.
En este sentido, el derecho a saber se convierte en una herramienta de defensa. Saber cuántos crímenes de odio se investigan, qué programas existen para prevenir el acoso escolar por razones de género, cuántos refugios hay para jóvenes expulsados de sus hogares por su identidad, no es sólo una curiosidad legítima, es una necesidad urgente. La información salva vidas.
Pero tan importante como saber, es proteger lo que compartimos. En un entorno digital donde las redes sociales son un espacio vital para expresarse, la protección de los datos personales cobra una dimensión especial. Muchas personas LGBT+ aún viven en contextos donde su orientación sexual o identidad de género puede representar un riesgo para su seguridad física o laboral. Revelar su información sin consentimiento no es una falta menor: puede ser una forma de violencia.
Por eso, urge seguir fortaleciendo la cultura de la privacidad. Desde la manera en que las instituciones resguardan expedientes médicos, hasta cómo las empresas digitales utilizan —o abusan— de los perfiles que creamos en línea, es indispensable garantizar que nadie sea expuesto sin su voluntad.
También es responsabilidad del Estado garantizar entornos seguros para el ejercicio de todos los derechos. La discriminación no se elimina con discursos, sino con presupuestos públicos que prioricen políticas inclusivas, con datos abiertos para evaluar resultados y con leyes que protejan tanto la voz como el silencio de cada persona.
Acceder a información pública no debe ser una carrera de obstáculos; proteger laa intimidad no debe ser un lujo. Porque en el fondo, hablamos de lo mismo: el derecho a ser quienes somos, sin miedo, sin juicios, sin violencias.
Como sociedad, tenemos una tarea: construir un país donde la información empodere, y la privacidad resguarde. Sólo así, el orgullo dejará de ser una lucha, para convertirse en libertad cotidiana.
Esta fecha recordamos a quienes alzaron la voz, pero también a quienes han elegido el silencio como forma de resistencia o cuidado. Porque no hay un solo modo de ser, ni un solo camino para luchar por la igualdad: todos merecen respeto.
