Ciudad de México.- La diputada Noemí Luna Ayala presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Guardia Nacional para obligar a esta corporación a coordinar sus operativos con estados y municipios, integrando diagnósticos locales y mapas de incidencia delictiva. La propuesta busca corregir las fallas de un despliegue centralizado que, según la legisladora, ha limitado la efectividad contra el delito.
El núcleo de la propuesta radica en la modificación del artículo 78 de la citada ley. El objetivo es que la fuerza federal deje de operar bajo directrices aisladas y comience a utilizar la inteligencia de proximidad generada por las autoridades locales. Este cambio técnico pretende que los patrullajes preventivos y los despliegues territoriales no se decidan únicamente desde la capital del país, sino que respondan a los “focos rojos” identificados por quienes conocen el territorio de primera mano.
La iniciativa surge en un contexto crítico de seguridad que la legisladora ejemplifica con la situación en Zacatecas. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, el 87,3% de la población adulta en dicha entidad percibe inseguridad. El costo económico de este fenómeno para los hogares zacatecanos se estima en 2.200 millones de pesos, de los cuales casi la mitad se destina a medidas preventivas costeadas por los propios ciudadanos.
Uno de los puntos más agudos del análisis de Luna es la crítica al modelo actual, al que califica de “patrullaje de paseo”. Según la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), la operatividad vigente privilegia zonas visibles como avenidas principales o centros turísticos, mientras que los delitos de alto impacto suelen concentrarse en colonias periféricas y zonas vulnerables que quedan desatendidas. La reforma busca garantizar la equidad en la protección ciudadana, asegurando que todas las colonias reciban atención sin distinción.
Desde una perspectiva institucional, la propuesta asegura no requerir una partida presupuestal adicional. La viabilidad financiera se sustenta en la optimización de los recursos ya existentes mediante una vinculación estratégica de la capacidad operativa federal con el conocimiento territorial municipal. Se trata, en esencia, de una apuesta por un modelo de prevención más inteligente y menos inercial.
La relevancia de este movimiento legislativo trasciende lo técnico para entrar en lo político. Representa un intento por devolver peso específico a los gobiernos locales en la gestión de la seguridad pública, en un momento donde la tendencia nacional ha sido la concentración de facultades en mandos federales. El éxito o fracaso de esta iniciativa marcará un precedente sobre la disposición del Congreso para flexibilizar el mando unificado en favor de una eficacia basada en la realidad local.
LNY | Redacción