Ciudad de México.- La diputada federal Noemí Luna Ayala presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Turismo con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal en los servicios del sector. La propuesta busca modificar los artículos 3, 18, 19 y 21 para asegurar condiciones dignas a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
La iniciativa de la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) plantea una redefinición profunda de los recursos turísticos del país. El texto propone integrar bajo esta categoría no solo los elementos naturales, sino también el patrimonio histórico, arquitectónico, gastronómico y las manifestaciones inmateriales. Esta ampliación normativa pretende que la infraestructura y la prestación de servicios se adapten a la diversidad funcional de la población, eliminando las barreras físicas y sociales que actualmente limitan el disfrute de los destinos nacionales.
El sustento técnico de la propuesta radica en la realidad demográfica de México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 residían en el país 9.5 millones de personas con discapacidad, de las cuales más de la mitad supera los 60 años de edad. Ante estas cifras, la reforma se presenta como una respuesta necesaria a una demanda social creciente y como una estrategia para fortalecer un sector que es pilar de la economía mexicana por su capacidad de generar divisas y empleo.
La relevancia institucional de esta reforma se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente con la meta de construir ciudades y entornos inclusivos. Bajo la premisa de que un espacio que no es funcional para sus propios habitantes tampoco lo es para los visitantes, la propuesta de Luna exige a los prestadores de servicios turísticos la implementación de estándares internacionales de accesibilidad.
La batalla legislativa que ahora comienza pondrá a prueba el consenso político sobre la justicia social en el ámbito económico. Más allá de la protección del patrimonio, la iniciativa pone el foco en la responsabilidad del Estado y del sector privado para garantizar que el turismo no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
LNY | Redacción