Ciudad de México.- La reforma de la Ley Federal del Trabajo en materia de personas trabajadoras del arte, la actuación y la música, aprobada ayer por el Senado de México, establece un marco de certeza jurídica y protección social para el sector cultural. La medida amplía la definición de trabajador artístico e impone a los empleadores la obligación de garantizar condiciones dignas y espacios adecuados de labor.
La modificación legislativa, impulsada por la senadora Geovanna Bañuelos, responde a una demanda histórica de un colectivo marcado por la informalidad y la intermitencia. El nuevo texto legal no solo abarca a figuras tradicionales como actores y músicos, sino que integra a toda la cadena de valor cultural, incluyendo a escenógrafos, cineastas, artistas circenses, fotógrafos y compositores. Esta ampliación terminológica busca adecuar la norma a la realidad actual del sector creativo, donde la frontera entre la interpretación y la creación técnica es cada vez más difusa.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la regulación de las modalidades de contratación. La ley permite ahora una mayor claridad en los vínculos por obra o tiempo determinado, actualizando las disposiciones sobre salarios y prestaciones. Además, se establece el deber de los empleadores de proporcionar herramientas de trabajo y entornos que cumplan con estándares de higiene y seguridad, como camerinos cómodos en los recintos de prestación de servicios.
Desde una perspectiva institucional, el cambio normativo alinea la legislación mexicana con los compromisos internacionales de derechos económicos y sociales, así como con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Según la ponente, la estabilidad laboral del artista es una condición necesaria para la libertad de creación y el fortalecimiento de la industria cultural, que impacta directamente en el desarrollo económico y la cohesión social del país.
Este avance se suma a un ciclo de reformas laborales en México que, en los últimos años, ha buscado dignificar el trabajo en ámbitos tradicionalmente desprotegidos, como el hogar, el campo o las plataformas digitales. Con esta decisión, el Estado reconoce formalmente que la labor creativa es, ante todo, un trabajo que requiere de garantías institucionales para su pleno ejercicio.
LNY | Redacción