JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Septiembre es un mes que nos recuerda la libertad. Es el mes patrio, en el que recordamos a quienes lucharon por la Independencia y por la posibilidad de construir un país donde pudiéramos decidir, opinar y vivir en libertad.
Pero resulta paradójico que, mientras celebramos esa libertad, también tengamos que estar atentos a reformas, lineamientos y decisiones que, bajo distintos argumentos, pueden terminar acotándola.
Ahí está el registro del padrón celular. Se nos dice que su objetivo es combatir la extorsión. Nadie puede estar en contra de combatirla. Pero cuando una medida implica concentrar información de millones de ciudadanos, surgen preguntas que no pueden responderse con un simple “es por seguridad”: ¿quién tendrá acceso a esos datos?, ¿cómo serán protegidos?, ¿quién vigilará su uso? y ¿qué garantías tendremos de que no serán utilizados para otros fines?
También están los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, que generan otra preocupación: que bajo el argumento de regular contenidos o proteger determinados derechos terminemos construyendo mecanismos que provoquen autocensura.
Y está el INE, que debe ser el árbitro de la próxima contienda electoral, entrando al terreno del monitoreo de expresiones, sarcasmos e ironías.
Son ejemplos distintos, pero tienen algo en común: nos obligan a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a permitir que se reduzcan espacios de libertad bajo argumentos que, en principio, parecen incuestionables.
Por eso, en este mes patrio, no basta con gritar “¡Viva México!”. También habría que preguntarnos si estamos dispuestos a defender aquello que hizo posible que hoy podamos decirlo libremente.
Y septiembre también es el mes de los informes.
Durante estas semanas escucharemos balances, cifras, obras realizadas, programas implementados y compromisos cumplidos. Estos ejercicios son importantes. Quien ejerce recursos públicos y toma decisiones que afectan a la sociedad tiene la obligación de explicar qué hizo, cómo lo hizo y cuáles fueron los resultados.
Pero hay una diferencia que no debemos perder de vista: informar no necesariamente significa rendir cuentas.
Ya escuchamos el Segundo Informe de la presidenta de la República. Cifras, cifras, cifras y más cifras. Pero un informe no es una rendición de cuentas por el simple hecho de contener números.
Si se habla de un mejor sistema de salud, hay que contrastarlo con la realidad de los pacientes: con quienes denuncian la falta de medicamentos, con las recetas que no fueron surtidas y con hospitales cuya infraestructura sigue siendo deficiente. Si se habla de avances educativos, hay que mirar los indicadores, los resultados de PISA y preguntarnos qué está pasando con los estudiantes que abandonan las aulas. Y si se habla de finanzas públicas sanas, hay que revisar las deudas, los pasivos y el destino de los recursos.
Lo mismo debe ocurrir en los municipios. Si un presidente municipal asegura que las obras están terminadas y que su gobierno ha cambiado la vida de su comunidad, hay que preguntar: ¿dónde están los datos que lo demuestran?, ¿cuánto costó?, ¿quién ganó los contratos?, ¿cómo se ejercieron los recursos? y ¿qué resultados obtuvo la población?
Los gobiernos ejercen presupuesto, toman decisiones y desarrollan programas todos los días. Por ello, la obligación de informar también debe ser permanente.
No podemos esperar 12 meses para conocer cómo se utilizan los recursos públicos, qué avances tiene una obra o cuáles son los resultados de una política pública. La información debe estar disponible durante todo el año, ser clara, accesible y actualizarse conforme cambian las circunstancias.
La rendición de cuentas no puede convertirse en una ceremonia anual de aplausos, discursos y fotografías.
La transparencia tampoco consiste únicamente en publicar información. Consiste en que la sociedad pueda encontrarla, entenderla, verificarla, cuestionarla y utilizarla para exigir responsabilidades.
Y aquí aparece otra pregunta inevitable: ¿qué pasa con la rendición de cuentas cuando desaparece el árbitro independiente que durante años ayudó a los ciudadanos a exigir información? ¿Qué pasa cuando también desaparecen los órganos autónomos estatales? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién obliga a entregar información cuando una autoridad decide no hacerlo?
No podemos confundir transparencia con propaganda, ni rendición de cuentas con presentación de resultados.
Un gobierno puede publicar miles de datos y seguir siendo poco transparente si nadie puede verificarlos. Puede presentar cientos de páginas y no rendir cuentas si no explica los resultados. Puede presumir avances, pero si estos no resisten la comparación con la realidad, las cifras terminan siendo solamente un discurso.
Por eso, en esta época de informes, la pregunta no debería ser solamente cuánto se ha hecho.
La pregunta verdaderamente importante es: ¿cómo podemos comprobarlo?
Porque rendir un informe no es lo mismo que rendir cuentas. Los informes deben ser un punto de partida para la evaluación ciudadana, no el punto final de la transparencia.
Al final, la verdadera rendición de cuentas ocurre cuando la información permite saber si lo que se dijo corresponde con lo que realmente se hizo.
La libertad también se defiende garantizando que la ciudadanía pueda saber, preguntar y exigir cuentas.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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