ISRAEL GONZÁLEZ
Hay una forma particularmente cruel de fallarle a una sociedad: prometerle atención médica gratuita y terminar enviando a las familias a comprar lo que el hospital no tiene.
Cuando eso ocurre, la enfermedad se convierte también en una emergencia económica y social. El derecho a la salud termina dependiendo de la capacidad financiera de cada familia, cuando las instituciones tienen la responsabilidad de garantizarlo. La salud no debe quedar sujeta a intereses partidistas: es un derecho irrenunciable de todas y todos.
En Zacatecas, las denuncias de pacientes, familiares y trabajadores sanitarios obligan a cuestionar con severidad al gobierno que encabeza David Monreal. No estamos ante una discusión secundaria ni ante un problema que pueda resolverse con otro acto protocolario.
Estamos hablando de medicamentos, de tratamientos y de personas que necesitan atención mientras las autoridades discuten cómo coordinarse. No son estadísticas, son historias humanas.
En abril de 2025 se documentaron testimonios de familiares que debían comprar medicamentos e incluso material para diálisis en el Hospital General de Zacatecas, mientras que, en el Hospital de la Mujer, una madre relató haber gastado cinco mil pesos en dos ampolletas urgentes para su recién nacido.
Para una familia de escasos recursos, esa cantidad puede significar endeudarse o dejar de cubrir necesidades básicas. Esa es la dimensión humana que los informes oficiales suelen perder entre sus cifras.
En febrero de 2026, familiares y personal del Hospital General denunciaron carencias de medicamentos, equipos e insumos. Una especialista de terapia intensiva señaló faltantes de antibióticos, sedantes y analgésicos; familiares describieron gastos que debían absorber para sostener la atención de sus pacientes. Son testimonios publicados, no un inventario auditado, pero su gravedad exige respuestas verificables.
El propio secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, reconoció fallas en la operación del IMSS-Bienestar y acusó a su coordinación estatal de no solicitar medicamentos e insumos que, aseguró, estaban disponibles en almacenes y corrían el riesgo de caducar. Resulta inadmisible que las diferencias entre instituciones se traduzcan en obstáculos para la atención de los pacientes.
Mientras las instituciones se señalan unas a otras, las familias necesitan saber dónde conseguir un tratamiento. La falta de capacidad se convierte así en una negligencia casi criminal.
Un medicamento almacenado no atiende a nadie. Una disputa administrativa no resuelve una urgencia. Uswaldo Pinedo debe explicar qué detectó, cuándo lo detectó y qué hizo para corregirlo.
Denunciar públicamente un problema no sustituye la obligación de presentar resultados. La coordinación del IMSS-Bienestar, a su vez, debe responder con registros de distribución, existencias y entregas. La población merece información que permita identificar responsabilidades.
David Monreal tiene una responsabilidad política ineludible. La federalización establece competencias diferentes, pero no convierte al gobernador en espectador de las carencias que padecen los zacatecanos. Su gobierno respaldó el modelo y participó en su instrumentación: el convenio de coordinación con IMSS-Bienestar comprende personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y atención a personas sin seguridad social.
El Seguro Popular fue sustituido por el Insabi en 2020. Posteriormente, en 2023, se dispuso la extinción del Insabi y la transferencia de sus funciones al IMSS-Bienestar. Esa transformación debía traducirse en una mejor atención, no solamente en un cambio de estructura institucional. Y como podemos comprobar, no ocurrió.
Esa sucesión de instituciones merece una evaluación seria: cambiar estructuras y nombres únicamente tiene sentido si mejora la atención que recibe la gente.
Al Seguro Popular se le cuestionó con dureza. Tenía limitaciones y no corresponde idealizarlo. Pero tampoco es honesto borrar su utilidad como mecanismo de cobertura para personas sin seguridad social: el propio Coneval lo incluía entre las vías de adscripción o derecho a servicios médicos. Su desaparición exigía construir una alternativa capaz de ofrecer mejores resultados.
El contexto histórico obliga a revisar las promesas. Según el Coneval, la carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 39.1 por ciento en 2022 en el país. El indicador mide adscripción o derecho a recibir atención; no demuestra por sí solo desabasto ni permite atribuir todo el deterioro a una sola decisión. Sí muestra un retroceso que ningún discurso triunfalista debería minimizar.
En Zacatecas, el contraste entre los anuncios y las denuncias es contundente. En agosto de 2025, David Monreal dio el arranque a las Rutas de la Salud, destinadas a llevar medicamentos a 151 clínicas del IMSS-Bienestar.
El gobierno presentó la estrategia como una vía para garantizar suministro continuo. En octubre de 2026, la representación sindical todavía denunciaba faltantes de medicamentos, insumos y personal en hospitales. Son niveles de atención distintos, pero ambos forman parte del sistema que la población necesita utilizar.
La exigencia es concreta: publicar el surtimiento efectivo de recetas por hospital, transparentar faltantes y caducidades, cubrir las necesidades de personal y establecer plazos comprobables para corregir las fallas. También explicar quién responde cuando los compromisos no se cumplen.
A estas alturas, reconocer problemas de coordinación resulta insuficiente. El gobierno de David Monreal debe demostrar que puede resolverlos. Uswaldo Pinedo y las autoridades del IMSS-Bienestar deben entregar resultados que se puedan comprobar en las farmacias y en las salas de atención.
La salud es un asunto demasiado sensible para administrarlo con complacencia política. Cada día de demora lo padece alguien enfermo. Cada compra que el hospital traslada a una familia sale de un presupuesto que quizá ya estaba agotado.
Una receta sin surtir es una promesa de gobierno incumplida. Y ninguna propaganda puede convertirla en tratamiento.
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