No levantó la voz ni agitó el báculo. Habló de la mentira —ese pecado antiguo— y de la evangelización, que no consiste en callar ante el dolor, sino en nombrarlo. Así comenzó a cerrarse, o quizá a abrirse, uno de los episodios más tensos del Zacatecas reciente: el choque entre un obispo, un partido en el poder y una pregunta incómoda sobre la libertad de expresión.
En Zacatecas, donde las campanas suelen sonar más fuerte que los discursos, el conflicto no estalló con un grito, sino con una reflexión. El obispo Sigifredo Noriega Barceló dijo lo que veía. Y lo que vio —campesinos inconformes, madres buscadoras sin respuestas, violencia sin nombre— no fue bien recibido por Morena.
La palabra como detonante
Las declaraciones del obispo surgieron en un contexto pastoral, no electoral. Nadie lo escuchó pedir votos ni señalar boletas. Habló, más bien, de los “damnificados de la Cuarta Transformación”, una frase que cayó como piedra en agua quieta. No cuestionó credos políticos; cuestionó resultados.
Enumeró inconformidades del campo, la herida abierta de los desaparecidos, el silencio institucional que se vuelve eco en las casas vacías. Recordó que las personas no localizadas no son estadísticas. Son nombres que alguien pronuncia todas las noches.
Uno de los pasajes más delicados fue también el más concreto. Noriega Barceló confirmó haber entregado, a nombre de cerca de 200 personas —principalmente madres buscadoras—, un escrito dirigido al gobernador David Monreal Ávila. La cita fue en Fresnillo, el 26 de noviembre de 2025. La petición era clara: conocer la lista oficial de personas no localizadas. La respuesta fue una sola: silencio.
También criticó decisiones tomadas “de manera atropellada”, como la reforma a la Ley General de Aguas, aprobada —dijo— sin la suficiente socialización. No fue un alegato teológico, sino ciudadano.
Morena responde con leyes
La reacción no vino del Ejecutivo, sino del partido. Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, tomó la palabra con un tono distinto. Acusó al obispo de entrometerse en asuntos políticos, de manipular conciencias y, en un giro moral, de mentir. Le recordó que la mentira también es pecado.
El 11 de diciembre, Flores Márquez formalizó la inconformidad. Presentó una queja ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El argumento: violación al principio constitucional de laicidad y a la separación Iglesia-Estado.
La solicitud fue precisa. Que la autoridad electoral ordene al obispo abstenerse de emitir opiniones con tintes políticos, sobre todo cuando porte vestimenta o símbolos religiosos. El mensaje, envuelto en legalidad, fue contundente: hay límites para los ministros de culto.
Flores Márquez resumió su postura con una frase bíblica adaptada al derecho electoral: “Lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios”. Si el obispo quería opinar de política —dijo— debía dejar el hábito.
El obispo se defiende sin estridencias
La respuesta de Noriega Barceló llegó sin aspavientos. Dijo que su opinión fue solicitada. Que mirar la realidad y expresarla es un derecho humano básico. Que cada uno es libre de asumirla o rechazarla. Y que la molestia, quizá, revela una dificultad para aceptar la crítica.
Fue entonces cuando habló del Evangelio. No como escudo, sino como obligación. Afirmó que callar frente al sufrimiento sería antievangélico. Que su labor pastoral no termina en el altar, porque el dolor tampoco se queda ahí.
Sobre la queja ante el IEEZ, fue claro. Si llega una notificación oficial a la Diócesis, la atenderá conforme a la ley. Sin confrontación. Sin desobediencia. Deseó, incluso, que todo este episodio sea “una semilla de paz” y contribuya a recomponer un tejido social roto.
Agradeció el respaldo recibido en redes sociales. Subrayó algo poco común en tiempos polarizados: el apoyo no viene sólo de la oposición. Viene de ciudadanos que no se asumen adversarios. Porque la realidad —dijo— es más compleja que los bandos.
La política se acomoda… y se fractura
El conflicto activó reflejos inmediatos en la oposición. Movimiento Ciudadano, PAN y PRI cerraron filas con el obispo. No por coincidencia doctrinal, sino por defensa del derecho a decir.
Aldo Peláez Mejía, dirigente estatal del PAN, criticó que se ataque a quien llama a la solidaridad y la paz “por decir la verdad”. Juan del Real Sánchez, de Movimiento Ciudadano, reconoció a Noriega Barceló como un líder social respetado y recordó que la gravedad de Zacatecas exige la participación de todos, incluso de los religiosos. Carlos Aurelio Peña Badillo, del PRI, fue más duro: calificó las declaraciones de Flores Márquez como absurdas, ridículas e irresponsables.
Pero la fisura más reveladora ocurrió dentro de Morena. Omar Carrera Pérez, subsecretario de Atención Ciudadana y fundador del partido, se desmarcó públicamente. Católico y político, defendió que Morena nació del diálogo, no de la confrontación. Exhibir diferencias en público —advirtió— no ayuda a un estado que necesita acuerdos.
Más allá del hábito y la boleta
El fondo del conflicto no es un obispo opinando ni un partido denunciando. Es la frontera, siempre tensa, entre la laicidad del Estado y la libertad de expresión de los ciudadanos que, además, son ministros de culto.
La Constitución marca límites claros: las iglesias no hacen política partidista. Pero también protege la palabra, incluso cuando incomoda. El debate, entonces, no es jurídico solamente. Es moral, social y profundamente zacatecano.
Porque en Zacatecas la violencia no distingue sotanas ni credenciales. Las madres buscadoras no preguntan por ideologías cuando exigen nombres. Y el silencio oficial pesa igual en el palacio de gobierno que en la sacristía.
El obispo ya contestó. Habló de mentira y de evangelización. Morena respondió con leyes. Entre ambos, la sociedad observa y se pregunta algo más simple y hondo: ¿quién puede hablar del dolor sin ser castigado por hacerlo?
La respuesta, como casi todo en este estado herido, aún está en disputa.
LNY | Claudia G. Valdés Díaz