Zacatecas, Zac.- El proceso de desaparición de los institutos locales de transparencia en México presenta un panorama de fragmentación institucional y desorden normativo que compromete el acceso a la información. Según denunció Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI, solo siete entidades han formalizado órganos desconcentrados, mientras que en el resto del país prevalecen los vacíos jurídicos, la falta de autonomía y estructuras administrativas insuficientes para garantizar derechos ciudadanos.
La transición iniciada tras la clausura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) carece de una ruta homogénea. El mapa nacional revela una preocupante disparidad: mientras estados como Aguascalientes extinguieron su instituto desde mayo de 2025 trasladando funciones a contralorías estatales, otros como Jalisco o Zacatecas cerraron sus puertas sin leyes secundarias que regulen la transición. Esta carencia de un andamiaje legal sólido ha derivado en la creación de unidades administrativas pequeñas que carecen de la especialización y la independencia necesarias para fungir como verdaderos garantes de derechos.
La situación técnica es crítica en diversos puntos de la geografía nacional. En San Luis Potosí, la capacidad resolutiva se ve mermada al operar únicamente con dos comisionados, mientras que en la Ciudad de México el instituto se mantiene en un limbo jurídico: permanece vigente pero incapacitado para sesionar por falta de quórum. Del Río Venegas advierte que el traslado de estas facultades a áreas dependientes directamente de los gobiernos estatales convierte el derecho a saber en un simple trámite administrativo, despojándolo de su naturaleza de contrapeso democrático y protección de datos personales.
Aunque entidades como Coahuila, Puebla, Veracruz y Yucatán, entre otras, han puesto en marcha órganos desconcentrados, la heterogeneidad de sus modelos se aparta del espíritu de la Ley General. La lista de estados que han formalizado el cierre de sus institutos asciende a 19, incluyendo a Michoacán, Durango y Baja California Sur. La falta de reglas claras y la normalización de esquemas provisionales no solo debilitan la confianza ciudadana, sino que, en palabras de la excomisionada, mantienen los derechos fundamentales en pausa ante la ausencia de una transición ordenada y con autonomía técnica.
LNY | Redacción