CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la política ha decidido hablar fuerte: “tolerancia cero” contra la violencia sexual infantil. La LXV Legislatura aprobó, con insólita unanimidad, una reforma que endurece penas, amplía la definición de abuso sexual e impide beneficios preliberacionales para agresores. Es una reforma que, en papel, parece justa, necesaria, incluso valiente. La diputada Isadora Santivañez, su principal impulsora, no vaciló en calificarla como histórica.
Pero la realidad tiene memoria. Y tiene calendario.
Hace apenas unas semanas, el hoy exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, fue sentenciado a cuatro años de prisión por abuso sexual agravado contra una menor. No pisará más la celda donde pasó siete días. Fue beneficiado con un procedimiento abreviado —pactado con la defensa y aceptado por los padres de la víctima— que le permitió recibir una condena sin cárcel, bajo el argumento de garantizar la “reparación del daño” y el “proyecto de vida” de la menor.
Así, dos hechos cercanos en el tiempo, pero opuestos en su sentido ético se superponen: el legislativo, que promete no ceder ante los agresores de niñas y niños; y el judicial, que consiente frente a un agresor con poder, influencias y apellido.
Así se consuma una de las más profundas paradojas del poder local: mientras en el Congreso se habla de blindar la infancia con los estándares de la ONU, en los tribunales se negoció la libertad de un hombre poderoso acusado de un crimen atroz contra una menor. La justicia se enuncia en las leyes y se disuelve en los pasillos donde operan influencias, pactos y silencios.
La mayoría de los mismos legisladores que votaron con entusiasmo una reforma de avanzada guardaron silencio frente a la sentencia dictada por el juez Alfredo Sánchez. Hicieron mutis y evitaron cuestionar la reclasificación del delito. Voltearon la mirada y no exigieron transparencia al Ministerio Público. Menos pidieron la revisión del procedimiento abreviado aceptado por la defensa. ¿Quién protege a los niños cuando los agresores tienen nombre, cargo y padrinos?
La comunidad universitaria, especialmente las mujeres, salió a la calle. Pararon actividades. Gritaron con fuerza lo que la ley escrita calla: que una renuncia no es justicia, que una condena sin cárcel es una farsa, y que la complicidad institucional no se lava con comunicados. Lo dijeron con claridad: el rector fue protegido por la nueva gobernanza, por su cercanía con la familia Monreal, por un sistema judicial que hace malabares con el lenguaje para no decir lo que es evidente.
Hay un cáncer en el corazón del sistema: el poder, cuando se protege a sí mismo, convierte los derechos en promesas huecas. La infancia, tan invocada en discursos legislativos, es la gran ausente en los hechos. Se legisla como si el delito fuera una amenaza ajena, un mal lejano. Pero cuando el agresor está cerca del poder, el aparato entero se pliega.
Zacatecas ha sido escenario de dos narrativas que se contraponen con violencia: una donde la ley se reforma para proteger a los más vulnerables, y otra donde esa misma ley se acomoda para que los poderosos no caigan.
En medio queda la víctima: una menor cuyo proyecto de vida, como eufemísticamente dijo el juzgado, será “reparado”. Como si el daño se pudiera cuantificar. Como si se pudiera devolver la paz a una infancia ultrajada con una multa y una disculpa pactada.
La verdadera reforma —la que no se redacta en decretos— será posible cuando el poder renuncie a protegerse. Cuando un rector no pueda negociar su libertad tras aceptar su culpa. Cuando un juez que reclasifica delitos responda públicamente de sus actos. Cuando la Fiscalía deje de actuar como negociadora de sentencias y asuma su papel como defensora de las víctimas.
Hasta entonces, lo aprobado en el Congreso no será más que papel.
Y la justicia, una ceremonia de sombras.
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