CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En esta tierra de hospitales sin medicinas, de enfermeros sin jeringas y quirófanos cerrados por falta de gasas, un senador ha dicho en voz alta lo que la sociedad llevaba meses susurrando con rabia: que el sistema de salud en el estado ha colapsado, y lo ha hecho por culpa de la ineptitud.
Saúl Monreal Ávila no es un opositor. Es hermano del inquilino de La Casa de los Perros y militante del mismo partido. Pero el punto de quiebre llegó. El senador llamó “mediocre” e “incapaz” al coordinador estatal del IMSS Bienestar, Carlos Hernández Magallanes, y exigió su renuncia inmediata. Lo acusó de no saber —ni querer— distribuir medicamentos, de ser responsable de que toneladas de insumos caduquen encerrados en bodegas mientras los hospitales atienden apenas emergencias. Lo denunció por convertir la comida de los pacientes y del personal médico en “una cochinada”, por contratar servicios subrogados de otros estados como si la salud pública fuera una licitación de baratijas.
No es un señalamiento menor: cuando un Monreal se lanza contra otro funcionario de la estructura estatal, se rompe el pacto de silencio que ha caracterizado a este sexenio. El deslinde no es casual ni retórico. Saúl acusa al gobierno estatal, al federal y a la Secretaría de Salud de encubrir a funcionarios “indolentes”. Su discurso, sin rodeos, revela lo que todos en el sistema saben y pocos se atreven a nombrar: la salud en Zacatecas no está en crisis, está secuestrada por la desidia y el abandono.
La gravedad del asunto ha escalado al punto de que la justicia federal ha tenido que intervenir. Una jueza de Distrito ordenó el pasado 30 de mayo que el IMSS Bienestar y los Servicios de Salud del Estado garanticen, de forma inmediata, el abasto de medicinas e insumos. La resolución se da tras una demanda de amparo presentada por ciudadanos y trabajadores de la salud que, hartos de promesas rotas, acudieron al único poder que aún parece escuchar. Aunque por poco tiempo.
Pero incluso esa orden judicial, con su lenguaje frío y perentorio, parece chocar con el muro de la apatía. “Seguimos con faltante de todo”, dicen los médicos y enfermeros desde los pasillos vacíos del Hospital General de Zacatecas y el de Fresnillo. No hay personal suficiente. No hay respuestas. Solo hay enfermos, y un silencio institucional que los convierte en cifras más que en personas.
En otros tiempos, las protestas habrían encendido las plazas. Hoy, el desgaste de años sin soluciones ha dejado al personal médico en el límite entre la ética profesional y la impotencia. “No tenemos herramientas para dar atención digna”, dijo uno de ellos. Es el retrato de un sistema sanitario al borde del colapso, empujado al abismo por una mezcla letal de corrupción y burocracia.
Lo que sorprende no es la denuncia del senador, sino su timing. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando la crisis lleva meses —o años— pudriéndose en las entrañas del sistema? ¿Es esta una maniobra política dentro del ajedrez morenista, una forma de limpiar imagen, de curarse en salud para lo que viene?
Más allá de los cálculos, lo cierto es que el sistema de salud en Zacatecas ha dejado de cumplir su función esencial: salvar vidas. Y no por falta de recursos, sino por la brutalidad de quienes los administran mal. Cada bodega repleta de medicamentos caducos es una sala vacía que pudo estar equipada. Cada comida infame para doctores y pacientes es una muestra del desprecio por la dignidad humana.
El gobernador acusa que sólo jeringan. El secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios esquiva. Y mientras tanto, un senador de su mismo partido les grita que despierten, que asuman su responsabilidad. No se trata ya de diferencias políticas. Se trata de vidas.
En la Zacatecas de hoy, el derecho a la salud no se respeta. Se posterga, se incumple, se administra como si fuera un favor. Pero la enfermedad no espera a que se acomoden los intereses. Ni la muerte da tregua a los plazos burocráticos.
Hay una tragedia gestándose entre pasillos sin camillas, quirófanos cerrados y bodegas selladas. La pregunta no es si caerán los funcionarios señalados. La pregunta es cuántos más deberán enfermar —o morir— antes de que algo cambie.
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