CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, hasta la caridad se pinta de partido.
El Sistema Municipal DIF de la capital —esa institución que debería ser refugio de la neutralidad humana— fue el único ausente en el Encuentro Estatal con los Sistemas Municipales DIF 2025.
Cincuenta y siete municipios tuvieron asiento. Uno no. Justo el que alberga el Palacio de Gobierno. No hubo error de logística ni olvido burocrático: hubo exclusión deliberada. Y en la política mexicana, la exclusión es una forma de castigo.
La escena, narrada con sobriedad por la presidenta honorífica del DIF capitalino, Karla Estrada, no necesita adornos: se presentó al Palacio de Convenciones, donde se reunían representantes de casi todo el estado, y se le cerró la puerta.
El evento, encabezado por la titular nacional del SNDIF, Rocío García Pérez, y la anfitriona estatal, Sara Hernández de Monreal, predicaba “unidad y colaboración”. Mientras tanto, a la capital —la misma que concentra los mayores indicadores de pobreza urbana— se le negó la silla en la mesa donde se supone que se coordinan los apoyos sociales.
Las palabras de Hernández de Monreal, repetidas desde el atril, sonaban a sermón: “La unión y la colaboración son fundamentales para consolidar políticas públicas con enfoque humano”. Difícil no escuchar la ironía cuando, al mismo tiempo, una de las instituciones que más cerca trabaja con los niños, los enfermos y los ancianos quedaba fuera por motivos políticos.
Porque no nos engañemos: aquí no hay un malentendido administrativo, sino un mensaje. El poder en Zacatecas ha decidido que la caridad también se reparte por lealtad. Que los desayunos escolares, los programas alimentarios, las terapias o los apoyos de emergencia deben circular por el carril correcto: el del color que gobierna el estado. Lo demás es disidencia.
La exclusión del DIF capitalino revela una enfermedad más profunda: la captura partidista del aparato social. En los discursos, se habla de “justicia social” y “coordinación institucional”. En la práctica, se levantan muros invisibles para quienes no se alinean al proyecto político del momento. Y lo más grave no es el agravio personal —que se le haya negado la entrada a una funcionaria municipal—, sino el agravio institucional: dejar fuera a la instancia que atiende directamente a las familias más necesitadas del municipio con mayor densidad poblacional.
En respuesta, el DIF capital anunció que buscará contacto directo con la titular nacional desde la Ciudad de México. Un acto que, más que rebeldía, parece intento desesperado por mantener la cadena de apoyos que no distingue colores en las colonias donde no llega nada. Ahí donde los discursos no llenan platos ni alivian dolores.
El gesto de ir a tocar la puerta federal es también una denuncia silenciosa: si el puente estatal se rompe, el trabajo humanitario queda a la deriva. Y eso, en un país donde los programas sociales son la base de la supervivencia cotidiana, equivale a condenar a miles de familias al limbo político.
Zacatecas vuelve a mostrar su rostro más viejo: el de una clase política que usa las instituciones públicas como extensiones de su territorio. Se habla de coordinación, pero se practica la exclusión; se invoca el bienestar, pero se prioriza el control. El poder se ha vuelto tan frágil que teme hasta la presencia del municipio que no aplaude.
El DIF de Sara Hernández de Monreal dice que su prioridad es “el bienestar de las familias”. Hoy eso es sólo un eslogan más. Porque cuando la asistencia se convierte en instrumento de castigo, el poder ha perdido toda legitimidad moral. Y entonces, lo que debería unir —la ayuda al prójimo— se vuelve un campo de batalla.
En Zacatecas, el humanismo oficial tiene portero. Y la puerta, como siempre, se abre sólo para los suyos.
Los que estudian, estorban
En Zacatecas, pedir una beca se ha vuelto un acto de subversión. Los estudiantes de la Normal de San Marcos levantaron la voz —y un plantón— para exigir lo mínimo: comida digna, becas pagadas y apoyo para prácticas profesionales. La Secretaría de Educación respondió con sellos, excusas legales y una mesa de diálogo que se levantó antes que el café.
Mientras la titular, Gabriela Pinedo Morales, se refugia tras reglamentos federales y comunicados tibios, los jóvenes duermen sobre el pavimento. Los acusan de alterar el orden, pero el verdadero desorden es un gobierno que rompe el diálogo porque le incomoda escuchar. Dicen que las becas “contravienen lineamientos”, como si el hambre fuera una irregularidad administrativa.
Cuando la ley se usa para justificar el abandono, la autoridad pierde legitimidad moral. Y cuando además se mencionan delitos federales y se movilizan cuerpos represores, lo que hay no es diálogo, sino amenaza.
Los normalistas defienden algo más que dinero: el derecho a formarse, a no rendirse, a no comer basura en nombre de la austeridad. En un país donde educar es un acto heroico, estos jóvenes recuerdan que la dignidad también se aprende. Y que el poder, por más blindado que esté, siempre teme a quien piensa.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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