CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la corrupción no se esconde detrás de cortinas, sino que se sienta en el escritorio, firma documentos y dicta sentencias. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje —esa institución que durante décadas debió ser árbitro de la justicia laboral— hoy está desnuda ante la opinión pública: todos sus directivos, suspendidos. No por un exceso de celo burocrático, sino por la sospecha de una maquinaria afinada para lucrar con el infortunio ajeno.
Durante al menos 10 años, según admite la propia Secretaría de la Función Pública, habría operado una “posible red de traficantes de influencias”. No es un término casual. Es la descripción de un ecosistema donde abogados y funcionarios se daban la mano bajo la mesa para manipular los tiempos de los juicios, inflar las indemnizaciones y, en el momento oportuno, repartir el botín. La víctima —un trabajador despedido— quedaba como convidado de piedra en el banquete de su propia desgracia.
El titular de la Función Pública, Ernesto González Romo, ha optado por la medida más drástica que se recuerde en Zacatecas: suspender de un plumazo a los cerca de 35 servidores públicos que integraban la cúpula de la JLCA. No es una sanción todavía; es un acto para preservar pruebas, evitar el borrado de rastros y, quizá, quebrar el pacto de silencio que ha sostenido el edificio durante una década. El mensaje, sin embargo, es inequívoco: se está tocando una pieza que nadie antes se atrevió a mover.
González Romo sabe que no todos caerán igual. Habla de “peces gordos” que irán por la vía penal, y de otros que podrán reincorporarse si demuestran no haber participado. El plazo para confesar o colaborar es de cinco días, un margen breve para quienes han hecho de la costumbre su mejor coartada. La promesa es tentadora: beneficios legales a cambio de pruebas. En el fondo, es una invitación a romper la omertá administrativa.
Pero lo que este caso revela va más allá de un puñado de nombres. El esquema descrito —retrasar procesos, inflar montos, dictar laudos amañados— no es una excentricidad local; es un patrón que ha sobrevivido en rincones oscuros del sistema laboral mexicano. Lo novedoso es que esta vez el golpe ha sido frontal y en bloque. Nunca en Zacatecas, admite el secretario, se había suspendido a toda una dependencia.
La JLCA, recordemos, no ve casos nuevos desde 2018, cuando la reforma laboral desplazó la justicia laboral hacia otros tribunales y centros de conciliación. Los expedientes que aún maneja son viejos: algunos llevan más de 10 años acumulando polvo y desesperación. Esa antigüedad no los hace inocuos; al contrario, les ha permitido madurar como botín. Retrasar un juicio es inflar su precio. Inflarlo es engordar la parte que queda en manos de los operadores del sistema.
Lo que se indaga ahora es si la red extendía sus tentáculos hacia el Tribunal Laboral Burocrático, otra pieza clave en la resolución de conflictos laborales del sector público. Si ese vínculo se confirma, el caso dejará de ser una historia de oficina para convertirse en un mapa más amplio de la corrupción institucionalizada.
Mientras tanto, los suspendidos seguirán cobrando un salario mínimo. No se trata de dejarlos sin sustento —al menos hasta que la culpabilidad se pruebe—, pero sí de cortar el flujo que durante años pudo nutrir una economía paralela al margen de la ley. Los menores que dependen de pensiones no verán interrumpido su ingreso. El dinero retenido se devolverá si el caso no pasa a lo penal o a lo administrativo. Un gesto mínimo de justicia en un expediente marcado por su ausencia.
La pregunta, inevitable, es si esta operación será realmente un punto de inflexión o apenas una sacudida momentánea antes de que el sistema vuelva a cerrar filas. La corrupción no sobrevive tanto por su audacia como por su capacidad de regenerarse. Cambian los nombres, no el mecanismo.
Hoy, la Secretaría de la Función Pública pide a los ciudadanos que denuncien, que se acerquen con pruebas. El llamado es justo, pero también evidencia la soledad del Estado para desmantelar un esquema que él mismo toleró durante años. Porque si esta red operó durante una década, no fue por su discreción, sino por la complicidad —activa o pasiva— de quienes debían vigilarla.
En el tablero de la política local, este caso puede leerse como un acto de ruptura o como un ajuste interno. El tiempo dirá cuál es la verdad. Lo que queda claro es que, por unos días al menos, en Zacatecas se ha puesto en pausa uno de los tribunales más eficaces… no para impartir justicia, sino para perfeccionar el arte de robarla.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
BIO completa