CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En un país donde la boleta electoral pesa menos que un sobre manila sellado con sangre, la democracia ya no se disputa únicamente en las urnas. Se disputa en los pasillos oscuros donde se negocian candidaturas, se limpian expedientes y se maquillan biografías.
Ahí, en ese territorio sin ventanas, el diputado federal del Verde Ecologista, Carlos Puente Salas, lanzó una propuesta incómoda: que las instituciones de seguridad del Estado certifiquen a quienes aspiren a gobernar. No como cortesía. No como simulacro. Como requisito.
La idea es simple. Brutal. Necesaria.
Que nadie llegue a una boleta sin haber pasado antes por el escrutinio de inteligencia, investigación y verificación.
No se trata de moral. Se trata de supervivencia.
México llegó a un punto donde el crimen organizado ya no sólo corrompe gobiernos: los diseña. Financió campañas. Impuso candidatos. Colocó tesoreros, directores de policía, jefes de tránsito. Convirtió ayuntamientos en sucursales. El poder local, en caja chica.
La llamada Operación Enjambre —con alcaldes y mandos de seguridad detenidos por vínculos con cárteles— no reveló una anomalía. Reveló un método.
Los grupos criminales ya no necesitan ganar elecciones. Les basta con elegir candidatos.
Por eso la propuesta de Carlos Puente no es una ocurrencia legislativa. Es un intento de cerrar una compuerta que lleva décadas abierta.
Llega, además, en medio del debate sobre la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, que busca reducir costos, adelgazar estructuras y redefinir reglas. En ese contexto, la senadora Verónica Díaz Robles ha expresado su respaldo al rediseño institucional. Y el diputado federal Ulises Mejía Haro ha puesto sobre la mesa otro tema espinoso: eliminar la representación proporcional para que todos los cargos se ganen con voto directo.
Las piezas se mueven. Pero el tablero está contaminado.
Consultoras de riesgo político advierten que 2026 será un año de alta volatilidad: concentración de poder, marcos legales inestables y, sobre todo, presencia criminal intacta. No es una predicción apocalíptica. Es una lectura de campo.
Los datos son obstinados. Investigaciones académicas identifican al menos 502 municipios con riesgo muy alto de interferencia delictiva en sus finanzas. En muchos de ellos, el crimen no solo cobra extorsión: administra. Lava. Decide.
La diversificación criminal —extorsión, control de mercados, cobro de “impuestos” locales— ha creado un sistema tributario paralelo. Comerciantes pagan al Estado y al narco. Doble carga. Doble miedo. Miles de negocios han cerrado en regiones como Zacatecas, no por quiebra económica, sino por asfixia criminal.
Ese es el contexto real en el que se discuten reformas.
Hablar de democracia sin hablar de captura criminal es retórica hueca.
El sistema de financiamiento político, diseñado en los noventa para generar equidad, terminó produciendo laberintos burocráticos ideales para esconder dinero sucio. Desvíos de recursos públicos, aportaciones privadas disfrazadas de donativos, capital criminal camuflado de entusiasmo cívico.
Todo cabe. Todo pasa.
Y cuando alguien propone un filtro, surgen los gritos de siempre: que es autoritario, que vulnera derechos, que politiza a las fuerzas de seguridad.
La pregunta incómoda es otra: ¿qué derechos tiene un ciudadano cuando su alcalde es operador de un cártel?
La violencia política ofrece la respuesta más cruda. El proceso electoral 2023-2024 fue el más sangriento registrado: más de cien aspirantes atacados, decenas asesinados, la mayoría en el ámbito municipal. No por discursos. Por control territorial.
Los protocolos de protección existen desde hace décadas. En el papel. En la práctica, dependen de la voluntad política y suelen activarse cuando ya es tarde.
Blindar candidaturas no resolverá el problema completo. Pero sin ese paso, todo lo demás es decorado.
A la par, expertos sugieren medidas estructurales: bancarización total del gasto público, fiscalización en tiempo real de campañas, reducción del financiamiento ordinario, disolución de gobiernos municipales infiltrados, inelegibilidad automática para funcionarios vinculados con redes criminales.
Modelos como el italiano enseñan algo elemental: al Estado no le tiembla la mano cuando detecta mafia. La corta.
México, en cambio, suele negociar.
La propuesta de Carlos Puente incomoda porque rompe una ficción: la de que basta con elecciones limpias para tener gobiernos limpios.
No basta.
Primero hay que saber quiénes son los que quieren gobernar. Y después, decidir si merecen siquiera aparecer en la boleta.
La democracia no muere con un golpe. Muere cuando deja de defenderse.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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