CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Tlaltenango, la tarde cayó con el sonido metálico de unas cadenas. No era el cierre rutinario de un comercio ni el final de una jornada cualquiera. Era el Parían Porfirio Díaz —esa plaza donde suele respirarse el pulso de un pueblo— convertido en un corral improvisado. Dentro quedaron militantes del Partido del Trabajo; afuera, la policía municipal vigilaba que nadie más entrara. Todo para impedir un Congreso Municipal del PT.
En México hemos visto muchas formas de censura, pero pocas tan burdas como un candado. El poder local, encabezado por Francisco Delgado Miramontes, decidió que la democracia era peligrosa si hablaba sin permiso, y cerró la puerta antes de que el problema fuera un mitin. No cerraron un espacio físico: clausuraron un derecho.
La denuncia se encendió en redes sociales. La diputada Renata Ávila mostró las imágenes y narró los hechos: agentes municipales cerrando la plaza pública, dejando a compañeras contenidas, negando el acceso a quienes llegaron a un evento político para el que, según el PT, había solicitud formal ante el Ayuntamiento.
Allí acudirían el diputado federal Alfredo Femat, el comisionado electoral nacional Benjamín Robles y la senadora Geovanna Bañuelos. Pero no llegaron a un congreso: llegaron a una escena digna de un país que no presume libertades, sino controles.
Lo ocurrido fue algo más que una provocación. Es la marca nítida del boicot institucional: una autoridad municipal usando la fuerza pública para bloquear una reunión política legítima. Ese acto toca fibras delicadas: los derechos a la libre asociación, la libertad ideológica, la participación política. Derechos que la Constitución no sólo protege: proclama. Y, aun así, bastaron unas cadenas para negarlos.
La imagen tiene una fuerza brutal: militantes encerrados, como si el ejercicio político fuera un delito. En un país donde las heridas de la intolerancia aún supuran, escenas así no se archivan rápido. Tlaltenango queda marcado en el mapa de los excesos pequeños que anuncian conflictos grandes.
Pero ese mismo pueblo que vio cerrarse el Parían presenció también la respuesta. El Congreso Municipal del PT se realizó en el jardín principal. Sin templete, sin permiso oficial, sin el espacio solicitado. Una asamblea bajo los árboles es un recordatorio de algo que suele olvidarse: la democracia no necesita paredes.
La historia de Tlaltenango sería suficiente para una columna, pero no es un caso aislado. Es apenas una hebra dentro del clima que empieza a enrarecerse en Zacatecas. A unos kilómetros de ahí, en Juan Aldama, otro grupo del PT alzó la voz: el síndico Genaro Azael Valles, acompañado por regidores de varios partidos, denunció un abanico de irregularidades dentro del Ayuntamiento.
Hablaron de nepotismo, transferencias irregulares a cuentas personales, desvíos, adquisiciones a amigos de la presidenta municipal, retención de salarios, conflictos de interés. No eran rumores: aseguraron tener pruebas.
Ese cabildo dividido, rodeado de tensiones y acusaciones cruzadas, reflejó el mismo patrón que en Tlaltenango: un poder municipal que responde con hostilidad ante cualquier fiscalización. Los regidores dijeron que el ambiente se volvió “insostenible”. El síndico prometió no callar. La presidenta, —Griselda Romero Zuñiga—, denunciaron, optó por confrontar en lugar de gobernar.
La coincidencia entre ambos municipios debería encender las alertas. Primero, por el color partidista —los dos están bajo gobiernos de Morena—; segundo, porque el PT aparece en medio de los dimes y diretes como si lo hubieran colocado ahí a pulso. Todo esto no es más que el termómetro del momento político: hay municipios donde las instituciones se convierten en trincheras y donde los candados, las descalificaciones y el cerco simbólico terminan siendo herramientas de gobierno.
Algo más profundo ocurre. Una tensión silenciosa recorre al estado: la guerra fría entre Morena y el PT. No es oficial, pero está en cada gesto. Las encuestas internas para la gubernatura de 2027 —en las que, se dice, estaría incluida la senadora Geovanna Bañuelos— tienen a todos nerviosos. En el PT saben que hay un veto no escrito, pero contundente: el del todavía inquilino de La Casa de los Perros. Su rechazo apunta a dos nombres: Geovanna Bañuelos y Ulises Mejía Haro. El mensaje viaja en voz baja, pero se obedece en voz alta.
Por eso la escena del Parían no es anécdota: es síntoma. Cuando el poder teme perder control territorial, intenta cerrarle el paso a quien amenace su sucesión. Tlaltenango muestra la superficie; debajo está el juego por la candidatura. Y ese juego ya empezó.
Los petistas lo tienen claro. “No nos amedrentan, no nos callan, no nos detienen”, dicen. En la política zacatecana, sin embargo, las frases de resistencia suelen escribirse junto a las cicatrices.
En Tlaltenango, un candado se cerró sobre una plaza pública. Pero lo que realmente se intentó cerrar fue la posibilidad de que el PT mostrara músculo, organización, autonomía. No lo lograron. No porque las instituciones funcionen, sino porque la militancia decidió ocupar el espacio que le negaron.
Esta columna no pretende elogiar ni absolver a nadie. Solo registrar un hecho: cuando los gobiernos locales necesitan cadenas para contener a un partido, es que el miedo ya gobierna por ellos.
Y en Zacatecas, donde cada elección parece una batalla por sobrevivir, el miedo es un mal indicador del futuro. Aquí, como siempre, las cadenas dicen más que los discursos.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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